Una menor indígena wayuú, de apenas tres años, falleció el pasado fin de semana en zona rural de Riohacha, luego de que sus familiares se negaran a trasladarla a un centro asistencial pese a presentar síntomas de alta gravedad.
Joanis Mejía, vocera de la operadora encargada del Centro de Atención a la Primera Infancia en esa región, explicó en entrevista concedida este lunes a Cardenal Stéreo que el caso fue conocido desde el pasado viernes, cuando la madre y la abuela de la niña notificaron que se encontraba enferma. De inmediato, un equipo interdisciplinario liderado por la coordinadora Magalís Ochoa Mejía se desplazó hasta la vivienda donde residía la menor y constató que presentaba fiebre elevada y una infección visible en la boca.
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“Se les instó a llevarla a la clínica, pero los abuelos rechazaron la propuesta alegando que podían tratarla en casa con sus métodos tradicionales”, afirmó Mejía. Al día siguiente, el equipo fue notificado del fallecimiento de la menor, según informó la abuela, de manera “instantánea” en la madrugada del sábado.
El caso se tornó aún más complejo debido a que la niña no estaba registrada en el sistema de atención de la operadora oficial sino en la IPS Kottushi, vinculada a otro operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Sin embargo, según Mejía, esto no impidió que se le brindara apoyo desde su equipo, incluyendo alimentación, seguimiento y acompañamiento, en especial cuando la madre solicitó ayuda ante la imposibilidad de garantizar su nutrición.
“La niña no mostraba signos severos de desnutrición. Su peso era de 11.6 kilos y medía 84 centímetros”, detalló Mejía, quien destacó que, pese a no poder medicarla por protocolos legales, sí se alertó oportunamente sobre la necesidad de atención clínica urgente.
La vocera agregó que, tras confirmarse el sensible fallecimiento, coordinaron el traslado del cuerpo y la adquisición del ataúd con el apoyo de docentes de la comunidad. El sepelio se realizó el domingo en presencia de los equipos de atención y líderes comunitarios.
Sobre el manejo del caso, Mejía aseguró que se mantuvo comunicación constante con el ICBF y que todas las acciones fueron reportadas formalmente. No obstante, reiteró que la negativa de los familiares a permitir la atención médica fue determinante en el desenlace.
Hasta el momento, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no ha emitido aún un pronunciamiento oficial, aunque la operadora manifestó que la entidad estuvo al tanto de cada paso del proceso.
