Ante las críticas y señalamientos sobre los últimos hechos violentos donde varias personas han perdido la vida en vías de la Alta Guajira, la Junta Mayor de Palabreros se pronunció.
“Respecto a los hechos delincuenciales que han ocurrido durante los primeros días del año en la Alta Guajira, en los que varios visitantes turísticos han perdido la vida en acciones violentas y atracos a mano armada perpetradas por miembros de la población wayuú, la Junta Mayor de Palabreros se pronuncia en contra de estos hechos y también exhorta a que por fin exista un diálogo abierto, sincero y respetuoso entre las autoridades gubernamentales y las legítimas autoridades claniles y territoriales de la población”, se lee en un comunicado.
Asimismo, explican que el territorio ancestral y tradicional del pueblo wayuú es un espacio geográfico de carácter privado y colectivo, que es administrado política y jurídicamente por unidades de familias claniles, en cuya institucionalidad ancestral se ejerce la jurisdicción especial wayuú a partir de la autoridad tradicional de los alaü’layuú, que son los jefes mayores en la estructura de la familia clanil.
Y señalan que «lo que hoy estamos percibiendo es el resultado de un desacierto histórico en la implementación de políticas públicas para el pueblo wayuú, lo cual ha originado graves disputas de territorios y fragmentación de la institución social de la familia clanil, en cuyo dilema predomina el deterioro de valores y principios de vida social y cultural».
La Junta Mayor de Palabreros precisa, además, que «ningún wayuú deja de ser wayuú por el hecho de ser delincuente”, puesto que en el sistema de norma ancestral se concibe el delito como “un hecho violatorio de responsabilidad colectiva, que compromete directamente a los tíos mayores de cada familia clanil”.
“No se puede continuar soñando el territorio wayuú como un paraíso turístico sin que haya una solución al verdadero problema que afrontan las comunidades, donde se han legitimado un gran número de personas como autoridad tradicional, que realmente no poseen legitimidad en la administración del territorio ni tampoco ejercen el control político al interior de las unidades claniles», apuntan.
En el escrito también se lee que «actualmente las legítimas autoridades claniles están manifestando su inconformidad y su profunda preocupación por el mal proceder de la Policía Nacional en su propósito de registrar un positivo en la captura de miembros delincuentes de la población wayuú, sobre todo en los territorios donde se presentan los actos delincuenciales”.
Mencionan que los miembros de esta institución están incurriendo en actos de ‘falsos positivos’, atribuyendo el porte de granadas de fragmentación y armas de fuego artesanales a integrantes de la etnia que socialmente están reconocidos como personas ajenas a actos delictivos, lo cual termina agravando la situación.
Por ello piden organizar acciones conjuntas y soluciones sensatas que garanticen un acuerdo social para la sana convivencia en el territorio, el cual debe estar fundamentado en el diálogo participativo de todas las instituciones que tienen injerencia en el territorio wayuú, puesto que “no podemos seguir dando soluciones equivocadas a una problemática que pone en riesgo la tranquilidad y la convivencia pacífica en todo el territorio guajiro».
