El caso del departamento de La Guajira tiene su propia particularidad, ya que es uno de los territorios donde se registra una disminución en la presencia de Grupos Armados Ilegales –GAI–, y los datos de hechos violentos contra los distintos tipos de liderazgo no muestran alertas relevantes.
A partir del monitoreo hecho por la Misión de Observación Electoral –MOE–, podría entenderse que el Departamento ha tenido una mejora en lo que a su situación de seguridad se refiere, pues luego del asesinato de 3 líderes sociales en el último trimestre del año pasado, en lo que va de este 2020, únicamente se tiene registro de 2 amenazas contra lideresas wayuú.
Asimismo, mientras que en el 2019 se registraron 4 acciones bélicas y 2 amedrentamientos por parte de GAI, en este año, estas se redujeron a 2 y 1, respectivamente.
Adicionalmente, si bien en lo corrido del año no se han presentado asesinatos en este territorio, el 2019 fue un año especialmente violento, en tanto que La Guajira (con 41 hechos) estuvo en tercer lugar como el departamento con mayor número de hechos de violencia contra líderes, luego de Cauca (86 hechos) y Arauca (58 hechos).
Por otra parte, La Guajira es un departamento donde el análisis del contexto político resulta particularmente relevante. Pues la inestabilidad política en la que ha estado inmerso durante los últimos 2 periodos constitucionales, su condición de territorio fronterizo con Venezuela y la confluencia que se ha dado de grupos armados con estructuras del narcotráfico para aprovechar la zona costera, son variables que no permiten levantar la mirada sobre la situación aquí vivida y en la cual desarrollan sus actividades innumerables líderes y lideresas.
En este sentido, es necesario traer a colación el contexto antes mencionado, en la medida de que esta realidad del Departamento ha llevado a una situación de desconfianza institucional por parte de la población guajira.
Al respecto, a través de fuentes en terreno, la MOE ha logrado conocer que la situación de seguridad ha mutado, dejando de lado la letalidad de los hechos y pasando a usar las amenazas como mecanismo de presión a su ejercicio de liderazgo. No obstante, la falta de confianza en las instituciones políticas, administrativas y de Fuerza Pública no han permitido determinar a los líderes víctimas, ya que prefieren guardar su anonimato.
Así, a pesar de que los datos relativos al 2020 no representan una alarma en el Departamento frente a otros casos, los antecedentes y el contexto permiten ver la necesidad de enfatizar sobre la situación y hacer un llamado a autoridades, a fin de que establezcan las medidas necesarias para garantizar el fortalecimiento de la institucionalidad en la región, generar un contexto de confianza con la población, y establecer acciones de prevención y protección para los líderes y lideresas, con el propósito de evitar hechos de violencia como los que se presentaron en el 2019.
Datos nacionales
La MOE ha registrado 248 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en el primer semestre de 2020 en Colombia. No obstante se refleja una reducción del 2% comparada con lo sucedido en el mismo periodo en 2019, las cifras son muy preocupantes, pues muestran que la violencia no cesa, ni se ve reducida sustantivamente.
La MOE destaca que si bien en el periodo de confinamiento estricto, que transcurrió entre el 25 de marzo hasta 11 de mayo, equivalente al 25% de la duración total del semestre, la violencia se redujo en un 50%, esa disminución no afectó el total de acciones registradas en el primer semestre de 2020, lo que evidencia que la violencia el resto del tiempo (sin confinamiento) fue mayor que en 2019.
En este primer semestre de 2020, el fenómeno de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales sigue la misma tendencia que en años anteriores, concentrándose en los departamentos del Cauca, Arauca, Norte de Santander, Antioquia y Córdoba.
De los 81 asesinatos que se han cometido en estos seis meses en el país, 52 se presentaron en territorios Pdet (las regiones de aplicación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) lo que significa que 64,2% de los asesinatos se dieron en zonas priorizadas por el Estado para evitar los focos generadores de la violencia. Esto representa un incremento del 39% respecto de los asesinatos perpetrados en territorios Pdet en el primer semestre de 2019.
En cuanto los tipos de liderazgo, los líderes sociales son los que más han sufrido vulneraciones, registrando el 50% de los hechos. Si bien la violencia contra estos ha ido en aumento, lo más preocupante fue la letalidad de las agresiones, pues el número de asesinatos contra ellos se incrementó en un 85%.
Los líderes políticos fueron el segundo tipo de liderazgo más afectado con 89 casos registrados. Llama la atención la violencia contra los funcionarios electos que se acrecentó en un 35% con relación al 2019. Así, en estos primeros seis meses, han sido agredidos 7 alcaldes, 42 concejales, 3 ediles y 2 diputados. Esto, evidencia la intención de este tipo de violencia: controlar no solo el actuar social, sino de los gobiernos locales a partir del sometimiento de sus líderes.
Finalmente se presentaron 35 hechos de violencia contra líderes comunales, un 13% más que en 2019. De estos, 19 fueron asesinatos, 2 atentados, 3 secuestros, una desaparición y 10 amenazas.
De acuerdo con el monitoreo de violencia, 57 de los 248 hechos registrados corresponden a agresiones contra lideresas, lo que refleja, a pesar del confinamiento, un incremento del 18,8% frente al mismo periodo en 2019.
Líderes afro e indígenas
Así mismo, este informe presenta un análisis sobre la violencia contra líderes afro e indígenas, que representan el 13% de los hechos registrados. La MOE destaca con preocupación la naturaleza de estas agresiones, ya que el 58% de los hechos contra los líderes afro fueron letales, y, en el caso de los líderes indígenas, el 70%.
De acuerdo a la MOE, son 109 los municipios impactados por la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en lo corrido del 2020. En el 67% de ellos (73 municipios) hay presencia de al menos un grupo armado ilegal. Sin embargo, esto no constituye la única causa de la violencia contra los líderes, por lo que resulta indispensable avanzar hacia el reconocimiento de otros actores e intereses detrás de la violencia. Como respuesta al contexto anteriormente descrito, la MOE plantea la importancia de contar con investigaciones expeditas y exhaustivas.
Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, “lo que este informe nos muestra es que lo que está pasando es una tragedia en términos locales; cada día son mayores los ataques a los liderazgos que trabajan por transformar la realidad de sus comunidades. Si no tomamos medidas urgentes, nos vamos a quedar sin líderes. Es necesario que las autoridades investiguen las agresiones contra los distintos líderes y lideresas. No podemos continuar justificando todo a la luz del conflicto armado sin realizar investigaciones completas para sancionar a los responsables de la tragedia que observamos en los territorios.”
