Las familias wayuú del EirrukuEpieyu, ancestrales del territorio Pirruwaitakat, que hoy comprende el corregimiento de Aremasain y sus alrededores, se tomaron nuevamente la sede del Internado indígena, reclamando que se les aclare las adjudicaciones hechas por el Ministerio de Agricultura, a la Misión Capuchina del Vicariato de la Comisaría Especial de La Guajira de dos predios que suman unas 90 hectáreas, y figuran hoy como propiedad privada.
En un documento a la opinión pública afirman que ese ha sido de asentamiento, de permanencia y explotación tradicional del Clan Epieyu, y nunca supieron que había sido adjudicado en dos predios por el Ministerio de Agricultura, en favor de la Misión Capuchina del Vicariato de la Comisaría Especial de La Guajira.
Sin embargo, reconocen que su Alaula (Mayor) Kapural Epieyu, entregó voluntariamente a título de donación sin ninguna contraprestación un lote a la Curia de Riohacha para construir el Internado de Aremasain, lo cual respetan y dan valor y respeto a su voluntad y palabra.
En un documento expresan que las adjudicaciones constan en las resoluciones 492 y 493 del 28 de junio de 1948, aparentemente registrados con matrículas 212-50853 y 212-50855; territorio en el cual han permanecido y ejercido dominio utilizándolo con sus vivencias y actividades tradicionales.
Explican que la toma del Internado se debe a que hace pocos meses, se les requirió por la curia para que no siguieran pastoreando ni transitando por sus territorios, porque según ellos, ese es de su propiedad y les pertenece, mostrando escrituras de pertenencía y propiedad.
“Ante esa situación, nos tomamos la entrada del Internado, a efectos de que nos demostraran lo dicho, y por lo tanto exigimos la presencia de las instituciones y del Ministerio, donde la curia demostró unas resoluciones poco visibles, lo cual nos conllevó a solicitarlas ante el mismo Ministerio, de la cual solo nos aportaron una porque la otra no existe según respuesta dada por ellos”, se indica en el comunicado.
Manifestaron que desde hace ya unos tres meses promovieron una acción de Revocatoria Directa contra las resoluciones de adjudicaciones, y para tal efecto de la misma manera han dado traslado a las instancias de control y del Ministerio del Interior, sin que a la fecha se les haya dado atención ni respuesta, constituyendo así un silencio administrativo, lo cual consideran que no existe voluntad ni responsabilidad del Estado y sus instituciones para solucionar ni adoptar la decisión que en derecho corresponde.
“Esto conlleva a que volvamos a esta vía de hecho, como es la toma de la entrada al Internado, la cual no desistiremos hasta tanto no se hagan presentes las instituciones de alto nivel con funcionarios con capacidad de decisión”, se expresa en el comunicado.