En la ejecución de la política de transición energética impulsada por el Gobierno nacional apoyada en el Plan Nacional de Desarrollo y en procura de usar los recursos renovables como el viento y sol, se adelantó una subasta pública, por medio de la cual se adjudicaron a diferentes empresas multinacionales la realización de 16 proyectos eólicos y dos proyectos de transmisión energética, que serán terminados en los próximos dos años en el departamento de La Guajira.
Para muchos expertos estos proyectos que afectarán de manera sustancial al Departamento y en especial al pueblo wayuú, son desconocidos en sus repercusiones en el territorio resguardado. Sin embargo, ya comenzaron a llegar a Puerto Brisa los grandes componentes de los molinos de viento que serán instalados, campos eólicos que se ubicarán 5 en Maicao, 10 en Uribia, 1 en Riohacha, a los que se les suman los 2 proyectos de transmisión e interconexión eléctrica de dichos campos con el sistema nacional de energía.
Estos 16 proyectos son los primeros que se van a desarrollar en la región y que hacen parte de los 65 previstos para el año 2031, lo que llevaría a “sembrar” en el territorio wayuú cerca de 2.500 aerogeneradores, irrumpiendo de manera drástica la vida y el territorio ancestral de cientos de familias wayuú, quienes hasta el momento, no han visto ningún tipo de beneficio sustancial dentro de sus comunidades y que muy por el contrario, ha llevado a reactivar disputas territoriales y familiares, dividiendo aún más al pueblo wayuú.
Este pueblo indígena que se ha caracterizado por ser una comunidad incansable que supera las adversidades climáticas, la falta de oportunidades, todavía le quedan las fuerzas suficientes para mantenerse de pie y conservar sus costumbres, territorio, cultura y su dignidad, pero ahora tienen que enfrentar un nuevo agente totalmente desconocido que perturbara de manera drástica el territorio y por ende su vida como pueblo originario.
Actualmente, en los proyectos eólicos se están realizando 750 consultas previas en el departamento de La Guajira, siendo la Autoridad Nacional de Consultas del Ministerio del Interior el garante de los derechos, donde se acuerda una ruta metodológica que incluye la preconsulta, taller de formalización de impacto, taller de medidas de manejo, compensaciones y protocolización, requisitos previos para la obtención de la licencia ambiental.
Ello ha generado diversas protestas comunitarias, especialmente en la vía que comunica a Uribia con Wimpechy, ya que las consultas no están cumpliendo con lo estipulado en la norma. Organismos como Nación Wayuú ha denunciado la realización de consultas sin el lleno de requisitos legales y que están fragmentando los territorios; las consultas no son previas, debido a que los operadores han desarrollado los proyectos por fuera de la esfera de las comunidades indígenas, toman decisiones sin que estas sean informadas con el conocimiento pleno que es lo mínimo que se debe tener, pues se está interfiriendo en las dinámicas territoriales de las comunidades indígenas.
Por lo tanto, se están presentando problemas de desinformación, obviando las consecuencias que trae la instalación de los molinos, las servidumbres de la linea de interconexión eléctrica, las vías de acceso a los proyectos, el ruido, contaminación visual, desertificación del territorio, muerte de aves migratorias, así como de los polinizadores naturales, tal como lo expone Corpoguajira en los diferentes escenarios donde se ha ventilado el tema, incluyendo los accidentes de tránsito, muertes de animales y pérdida de control del territorio.
En las comunidades ancestrales se han presentado divisiones de los integrantes de las mismas castas, sin respetar la palabra de los alaulayu, división clanil por obtener los pocos beneficios que ofrecen las multinacionales, y no compartir con los otros, reviviendo conflictos del pasado entre eirrukus, provocando el derramamiento de sangre, que hasta el día de hoy se han contabilizado en 11 muertes, esto sin contar también, con la profanación de los sitios sagrados, como los cementerios, jagüeyes, la introducción de foráneos al territorio, que desconocen plenamente las costumbres.
Adicionalmente, se están desconociendo comunidades que no están identificadas como zonas de influencia, por lo tanto, las empresas deberán replantear las consultas que se han adelantado.
Los wayuú no saben con certeza que la instalación de los aerogeneradores, van a ser la causante del retiro obligatorio de sus territorios, al no tener cómo vivir y tendrán que desplazarse y aumentar los anillos de pobreza que se han establecido en la región.
Los territorios guajiros se han convertido en algo comercial. Ser depositaria de tanta riqueza en carbón, gas, sal, talco, yeso, aire, sol y ahora cobre, parece ser una maldición. La Guajira es un territorio que se está vendiendo al mejor postor, trayendo falsas expectativas de desarrollo para la región y que su pueblo ancestral sean partícipes de los beneficios, como ha sucedido en los grandes proyectos que se han realizado, tales como el gas natural, pagando una de las tarifas más caras del país, e incluso la vaga ilusión de generación de empleo que solo involucra a una pequeña minoría y por un lapso de tiempo corto.
Para adelantar las consultas en las comunidades, estas deberán estar completamente informadas sobre el proyecto, los impactos, consecuencias y beneficios a los que pueden acceder, ya que se está interfiriendo las dinámicas territoriales de las comunidades indígenas.
Las empresas que van a adelantar los proyectos tienen un referente muy importante como es la Sentencia T-302 de 2017, que sirve de norte para darle un enfoque a los derechos protegidos y donde claramente se identifican las carencias y urgencias que padecen estas comunidades. Este debería ser el punto de partida y es ahí donde se debe comenzar, como parte de la negociación bilateral entre el territorio y los privados.
El Estado colombiano y las entidades territoriales deberán garantizar, no solo la participación a las autoridades representativas, identificadas en la Sentencia T-172 de 2019 y trascender a la libre determinación de los pueblos.
Lo que implica que deberá mejorar el papel que está adelantando en estas consultas, debido a que desde el ordenamiento jurídico solo se viene garantizando de manera tenue la participación de los pueblos indígenas en estos procesos, lo que permite concluir que las consultas previas, se han vuelto un mero trámite en La Guajira y no una acción sublime de reconocimientos de derechos.
Fuente Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017
