Poco se ha avanzado en La Guajira para evitar que los niños, especialmente de la etnia wayuú, mueran por desnutrición, así lo hizo ver el defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, luego de recorrer el Departamento por tres días.
El funcionario llegó hasta la Alta Guajira, la zona de Paraguachón, Manaure y Riohacha, donde logró evidenciar la forma como sobreviven las comunidades indígenas, por el poco acceso al agua potable y la alimentación.
El representante del Ministerio Público, estará consignado en un informe qué tanto ha avanzado La Guajira en el cumplimiento de la sentencia T 302 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucional, en respuesta a una tutela interpuesta por Elson Rafael Rodríguez, contra diferentes entidades por la muerte de 266 menores en el lapso del 2015 al 2016, asociados a la desnutrición.
La Corte reconoció en la sentencia como de manera masiva y generalizada se vulnera los derechos constitucionales al agua potable, alimentación y la participación étnica que afecta a un número importante de personas en La Guajira, especialmente a los niños y niñas wayuú por una prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones.
De acuerdo a cifras oficiales de las entidades de Salud de La Guajira, el año pasado 64 menores murieron por desnutrición, cifra que el defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, calificó como “escandalosa”.
Por eso hizo un llamado a todas las autoridades para trabajar de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud para evaluar cuáles son las causas de la desnutrición.
“Lo digo con el corazón y con el alma que vamos a trabajar para que ningún niño en Colombia se muera por desnutrición porque no tiene sentido nacer y no poder vivir por algo que los servidores públicos podemos dar como posibilidades de que gocen de agua potable”, puntualizó.
Recordó que La Guajira es una zona muy rica y lo más importante es que la raza wayuú es muy fuerte, y por lo tanto se deben definir políticas públicas para el goce de agua potable y un buen servicio de salud y educación porque sin eso es imposible que exista la democracia.
Cabe destacar que en el primer informe que el defensor del Pueblo Carlos Negret Mosquera entregará a la Corte Constitucional, estará consignando el estado en que encontró muchas soluciones de agua en su recorrido por La Guajira, de las cuales algunas no están funcionando.
Explicó que existen una serie de proyectos siniestrados que lastimosamente no están funcionando, y por lo que las autoridades deben tomar las medidas disciplinarias y penales que correspondan.
El representante del Ministerio Público dijo también que es necesario capacitar a las comunidades sobre cómo funcionan los molinos y las pilas públicas, porque según su criterio hay formas para que las comunidades wayuú puedan gozar del servicio de agua.
Wilson Rojas Vanegas, gobernador encargado de La Guajira, aseguró que han venido trabajando para poder cumplir con los requerimientos formulados por la Corte Constitucional para preservar la vida de los niños y niñas wayuú.
También lamentó la muerte el año pasado de los 64 menores por desnutrición, a pesar de los esfuerzos realizados para garantizarles la vida.
“Nosotros hemos avanzado principalmente en la atención a los niños y niñas, especialmente los que se encuentran en estado de desnutrición, siempre lo hemos tocado en los Compos y el trabajo que hemos hecho con Unicerf, con las Naciones Unidas y todos los estamentos, principalmente con la Alcaldía de Manaure donde está radicado principalmente el problema donde se concentrarán la mayor parte de los niños muertos por desnutrición”, dijo el mandatario.
Rojas Vanegas reconoció que no son suficientes las medidas que se han implementado para evitar más muertes de niños por desnutrición, pero también advierte que ha faltado mayor articulación con el Gobierno central para lograr unos mejores resultados.
“El tema del nuevo sistema de regalías ha sido un grave detonante para la muerte de los niños, debido a la falta de autonomía en el manejo de los recursos para definir los programas directos para que favorezca a las madres gestantes y lactantes, y a los niños que se concentran principalmente en Manaure y Uribia, donde la población indígena se encuentra en la mayor dificultad para productividad y alimentación en cuanto tiene que ver con seguridad alimentaria.
