Una de las responsabilidades que asumirá la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, –Corpoguajira–, es la supervisión de todos los proyectos de generación de energía que se implementen en el departamento de La Guajira.
En razón de ello, el director de la entidad, Samuel Lanao Robles, viene proponiendo que como el gas de los pozos de Ballenas y Chuchupa no se importa, el 8% que según la ley hoy lo tienen fijados a los puertos, en la reforma se le asigne a la entidad ese porcentaje.
La iniciativa fue presentada al expresidente del Senado de la República, Amylkar Acosta Medina, quien en estos momentos asesora a la Comisión Quinta del Congreso, para que presente la propuesta al Gobierno nacional, y pueda ser incluida en la ley reglamentaria que tiene que ver con la reforma al Sistema General de Regalías –SGR–.
Lanao Robles también presentará la propuesta a los representantes a la Cámara por La Guajira, María Cristina Soto y Alfredo Deluque, para que se la apropien y puedan hacer causa común ante el Gobierno nacional.
El director de la entidad ambiental trabaja también para lograr el apoyo de las corporaciones de todo el país.
“A partir de estos nuevos proyectos de energía que se implementarán en territorio de La Guajira, la Corporación asume un rol para supervisarlos, por ello es necesario fortalecer la entidad la que solo se logra con nuevos recursos”, enfatizó.
Por su parte, el economista Manuel Sierra Deluque explicó que la iniciativa solo cobija al departamento de La Guajira, porque los únicos pozos de gas del país se encuentran en esta zona.
Expresó que la propuesta es altamente viable, por lo que se espera que los congresistas la defiendan, puesto que esos recursos se destinarán para fortalecer una institución que como Corpoguajira, a pesar de sus dificultades, debe velar por la protección del medio ambiente de su jurisdicción.
La institución
Cabe recordar que Corpoguajira es fundamental para que Colombia dé un paso hacia la transición energética con la instalación de más de 2.600 aerogeneradores de energía, que a 2031, funcionarían en los parques eólicos en La Guajira para producir 6.500 megavatios para el Sistema de Interconexión Nacional.
Se espera que para el 2022 empiecen a operar los primeros 9 proyectos que generarán 1.139 megavatios, aunque la meta del Gobierno del presidente Iván Duque es pasar de 50 megas de capacidad instalada de energías renovables no convencionales, a 1.500 megas equivalentes a lo que necesitan ciudades como Cali y Medellín juntas al término de este cuatrienio.
La entidad en La Guajira que va a responder por el funcionamiento de este proyecto es Corpoguajira, a la que por ley le toca la supervisión y seguimiento de todos estos procesos.
Hay que anotar que Corpoguajira trabajó y validó la citada propuesta para el proyecto de ley de reforma del SGR que radicó el Gobierno central en el Congreso de la República, la cual se basa en el análisis de la generación de regalías de la explotación de gas en los pozos de Chuchupa y Ballenas en el año 2019.
Basado en la Ley 1530 del 2012, actualmente las asignaciones directas del Sistema de Regalías tienen la siguiente distribución:
En el proyecto de reforma de las regalías radicado por el Gobierno nacional, las asignaciones directas pasan del 11% al 20%.
La reforma
En diciembre del año pasado, el Congreso de la República aprobó el acto legislativo 05 del 2019, que modifica el Sistema General de Regalías cuyo propósito es fortalecer a las entidades territoriales beneficiarias de las asignaciones directas de este modelo, así como el ajuste del funcionamiento y su operación.
Las modificaciones incluyen el aumento del porcentaje destinado a los municipios con necesidades básicas insatisfechas, el aumento de casi el 50% para los territorios productores en donde se trabaja la extracción de recursos naturales no renovables y en aquellos con puertos marítimos y fluviales por donde se transportan.
Incluye también la asignación por primera vez de recursos para la conservación de áreas ambientales estratégicas y la aprobación de que el 10% de las asignaciones se destinen a ciencia, tecnología e innovación, entre otros.
El proyecto de ley tiene por objeto determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.