En medio de una creciente inconformidad, el concejal Alcides Lago Duarte denunció públicamente que la Alcaldía de Urumita no ha cumplido con el fallo emitido por el Juzgado Promiscuo Municipal el pasado 26 de septiembre, que ordena el pago inmediato de los honorarios a los miembros del Concejo Municipal, conforme al decreto presidencial que fijó un incremento para municipios de cuarta, quinta y sexta categoría.
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En entrevista con Cardenal Stereo, Lago Duarte explicó que la decisión judicial ordena a la administración local realizar de forma urgente los ajustes presupuestales y, posteriormente, efectuar el pago en un plazo no mayor a 48 horas. No obstante, varios días después, la orden no ha sido acatada.
“El juez ya notificó al despacho de la señora alcaldesa y abrió un incidente de desacato, porque el término se venció sin que se cumpliera el mandato constitucional”, señaló el concejal.
La deuda corresponde a los honorarios del periodo que inició el 5 de septiembre, fecha establecida en el artículo 3 de la Ley 2461 de 2025, que obliga a las administraciones municipales a girar los pagos a más tardar cinco días después de la clausura de las sesiones.
Consultado sobre las razones del incumplimiento, Lago Duarte aseguró que la Alcaldía argumenta insuficiencia presupuestal. Sin embargo, aclaró que la norma permite el uso de recursos del Sistema General de Participaciones (propósito general) para garantizar el pago, por lo que considera que la verdadera causa es falta de voluntad política.
“En este municipio es la primera vez en 40 años que existe una coalición mayoritaria independiente, no en oposición, pero sin estar subordinada al Ejecutivo. Y por esa independencia se nos castiga con el no giro de nuestros honorarios, que por ley nos corresponden”, afirmó el cabildante.
Mientras tanto, la apertura del incidente de desacato podría acarrear consecuencias jurídicas para la administración municipal si persiste el incumplimiento. El concejal reiteró el llamado a respetar las decisiones judiciales y a garantizar los derechos adquiridos de los miembros del Concejo, en cumplimiento de la ley y del fallo judicial vigente.
