Una demanda interpuesta por dos comunidades wayuú asentadas en jurisdicción de Albania, organizaciones y varios congresistas, busca frenar el Plan de Manejo Ambiental del Cerrejón y toda la operatividad del complejo carbonífero.
La multinacional a través de un comunicado señaló: “La compañía ha sido notificada sobre la interposición en su contra de una demanda de nulidad simple que busca dejar sin efectos legales el Plan de Manejo Ambiental Integrado (Pmai) de Cerrejón y, por tanto, el cierre definitivo e inmediato de la operación”.
Es de mencionar que esta acción fue promovida ante el Consejo de Estado por parte de dos miembros de dos comunidades de La Guajira (Paradero y Gran Parada), cuatro ONG nacionales (Fuerza de Mujeres Wayuú, Cinep, Cajar y Censat) y tres congresistas de los partidos políticos Coalición Lista de la Decencia, Polo Democrático y Movimiento Alternativo Indígena y Social (Aída Avella, Iván Cepeda y Feliciano Valencia). La demanda también incluye en calidad de demandados a la Agencia Nacional de Minería –ANM– Ministerio de Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.
“En términos generales, los argumentos de la demanda giran en torno a la falta de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, afectación al recurso hídrico y al medio ambiente de La Guajira, lo que ha generado crisis alimentaria y vulneración de derechos fundamentales de la población, especialmente de los niños, desconocimiento del derecho de participación de la población en general y, en especial, del derecho a consulta previa de las comunidades indígenas, y la falta de prevención adecuada de los impactos que genera la actividad minera en el medio ambiente”, añade el comunicado.
Consejo de Estado
Los demandantes solicitaron la adopción de medidas cautelares, que buscan que mientras se resuelven de manera definitiva las pretensiones, se prohíba cualquier modificación del Plan de Manejo Ambiental, que implique expansión de la operación y se impida la explotación de carbón en áreas cercanas a comunidades, por supuesta violación a los derechos a la salud, vida, agua, dignidad y participación. Para la toma de esta decisión, el Consejo de Estado tiene un plazo de diez días hábiles para pronunciarse. Ante esto, Cerrejón indicó: “En más de tres décadas de operación, Cerrejón ha desarrollado sus operaciones de buena fe, cumpliendo la normatividad colombiana aplicable y bajos los lineamientos, trámites y procedimientos establecidos por las autoridades competentes. Asimismo, siendo pionero en Colombia, Cerrejón ha venido acogiendo de manera voluntaria reconocidos estándares internacionales, los cuales en varios casos exceden los requisitos de ley y demuestran el compromiso de la empresa con la prevención y mitigación de sus impactos, así como el respeto de los derechos humanos de sus empleados, contratistas y comunidades vecinas”.
Es de anotar que la multinacional rechaza los cuestionamientos contenidos en la demanda, que pretenden “hacer ver que la empresa ha obtenido sus contratos, licencias y autorizaciones de manera ilegítima”, así como “confundir a la opinión pública y a las comunidades del departamento presentando a la compañía como responsable de los retos económicos, sociales y ambientales que enfrenta hoy La Guajira”.
“Cerrejón seguirá en la ruta de asegurar una operación responsable y respetuosa, que genere valor económico, social, ambiental e individual en La Guajira y el país, y trabajará en la construcción de alianzas, que se enfoquen en lo que nos une y no en lo que dispersa y separa”, especifica uno de los apartes del comunicado.
Por último, anota: “Cerrejón respeta las instituciones colombianas y acatará las decisiones que estas tomen en el marco del proceso señalado. En ejercicio del legítimo derecho de defensa, contestará esta demanda con sustento en hechos y pruebas que evidenciarán la legitimidad de su operación. La compañía mantiene su disposición al diálogo y su trabajo responsable alrededor de la búsqueda de oportunidades de mejora de su desempeño”.
Empleados
Por su parte, el presidente de Cerrejón, Guillermo Fonseca Onofre, envió un comunicado a los trabajadores referente a la demanda.
“El Comité Directivo es consciente que vivimos momentos difíciles, eso genera incertidumbre y preocupación en ustedes y sus familias y por eso nos proponemos mantenerlos informados periódicamente. Nos parece importante que toda la organización, la opinión pública y demás grupos de interés, conozca la situación actual de Cerrejón y la necesidad de unir fuerzas alrededor de la defensa de su sostenibilidad de largo plazo.
Aunque enfrentamos un panorama retador, existen oportunidades que permitirán hacer las transformaciones necesarias para seguir generando valor social, económico, ambiental e individual”, sostiene el directivo.
Por otra parte, precisó que las reservas de carbón son un activo importante para Colombia y La Guajira, y es ahí donde una compañía como Cerrejón es la plataforma que llevará a la captura de ese valor en favor de todos. El resumen de estos retos es:
• Intensificación de la competencia en el mercado de carbón del Atlántico (Europa, Mediterráneo, Américas) al haber menos compradores y los mismos vendedores. Esto es resultado de la contracción de la demanda, donde los clientes han migrado a productos sustitutos del carbón para cumplir los compromisos adquiridos frente al calentamiento global.
• Erosión del margen de utilidad como resultado de precios más bajos y costos más altos. Los precios de carbón tienden a la baja por la disminución de la demanda y si a esto le sumamos el deterioro del poder calorífico (CV) de nuestra producción y el incremento de los costos de operación por el avance minero en zonas menos productivas y/o más lejanas, el resultado es impacto en la utilidad.
Finalmente, Fonseca Onofre dijo: “En lo que va corrido del año, además de la drástica y acelerada caída del precio del carbón, desde noviembre de 2018 hemos vivido una sequía prolongada que obligó a disminuir la producción de algunos tajos para proteger la calidad del aire de las comunidades vecinas y no exceder los límites regulatorios de la misma. Esta realidad ha generado impactos en el flujo de caja de la compañía. En este punto queremos enfatizar que no existe un riesgo de insolvencia. Sin embargo, hacemos un llamado a decisiones que conlleven a la reducción de costos e incentivar iniciativas que generen ahorro”.
Sindicato
Por otro lado, Igor Díaz, sindicalista de Cerrejón, mencionó que han recibido la noticia con preocupación. “Hemos convocado una reunión de junta nacional, en la que evaluaremos y analizaremos el tema, y emitiremos una posición oficial como representante de los trabajadores”.
“Nosotros hemos sido una organización sindical que defiende los derechos de los trabajadores y también de las comunidades, pero en este caso queremos decir que seremos respetuosos de lo que el Consejo de Estado defina”, apuntó Díaz.