El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, manifestó su preocupación por los altos niveles de posible corrupción que tienen que ver con la asignación de recursos para el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, donde se ordena al Gobierno nacional, de La Guajira, y los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha, se garantice a los niños y niñas wayuú el derecho al agua potable, seguridad alimentaria y salud.
El magistrado, en el marco de la mesa técnica ‘Diálogo sobre la imparcialidad y la transparencia en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017”, precisó también que “no hay ninguna duda y para la sala a partir de datos objetivos la constatación de ese hecho exige a su vez actividades propositivas y el desarrollo de conductas que estén en esa ruta, en esa línea es decir mostrar que se está trabajando que se puede y como desde la institucionalidad tenemos que construir los mejores caminos para lograr que de verdad los recursos se inviertan de manera correcta”, dijo.
Expresó que deben existir respuestas de parte de los entes de control, y si es el caso sanción tanto a nivel fiscal, disciplinario e inclusive penal sobre el auto que valora el componente seis y que determina el cumplimiento bajo de la sentencia.
“Esto no es un asunto adversarial, La Corte no es aquí un juez que vaya a reaccionar contra ustedes, y a increparles sobre los datos, sobre las cifras”, manifestó.
En el desarrollo de la audiencia, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, llamó la atención sobre la importancia de cuidar los recursos públicos invertidos en el departamento de la Guajira. “El drama de La Guajira no admite más aplazamientos”.
Las instituciones
Por su parte, Silvano Gómez, viceprocurador general informó que “son más de 25 procesos disciplinarios en curso. Uno de estos tiene que ver con participar en la etapa precontractual, o en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa. Otro proceso se sigue por desconocimiento de las normas de recursos del sistema general de regalías”.
En tanto, Hugo Guanumen Pacheco, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, afirmó que “en el marco de la sentencia aprovechamos para identificar situaciones en temas de infraestructura y esa información se traslada a los organismos competentes. Especialmente se verifican las condiciones de la calidad del agua”.
El superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, precisó que “en cuanto a las acciones de control en los cuatro municipios, se ha generado traslados administrativos a la Procuraduría General por falta de adherencia a lineamientos técnicos, falta de implementación al plan de desaceleración en mortalidad por desnutrición, falta de contratación en el plan de intervenciones colectivas por comportamientos inusuales a incumplimientos del plan anual de inmunizaciones”.
Gilberto Guerrero, vicefiscal general, afirmó que: “Son dos inconvenientes que ha identificado para avanzar en la investigación como limitaciones en la calidad y suficiencia de la información que la entidad recibe y que constituye el sustento para iniciar las investigaciones. Y limitaciones para establecer la articulación con otras entidades que cuentan con la capacidad de proveer información relevante para el inicio o avance de dichos asuntos”.
Por su parte, Luis Enrique Abadía García, director del despacho de la Contraloría General de la República, mencionó que “desarrollamos una gestión de fiscalización en el 2023 sobre las Vigencias 2019 a 2022, donde se obtuvieron los siguientes resultados, hallazgos administrativos, 92, disciplinario 72, fiscales, 21, en indagación preliminar, 3, procesos administrativos, asignatario uno y otras incidencias.
En tanto, Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación y delegado de la Comisión Rectora de regalías, indicó que una de las dificultades para el seguimiento es el bajo o poco compromiso de los órganos de control para hacerle el seguimiento a los recursos. “Quiero hacer un llamado de atención a efectos de lograr un apoyo interinstitucional que nos permita trabajar juntamente con los órganos de control”.
El viceministro de Hacienda, Diego Alejandro Guevara, explicó que en lo que respecta al cumplimiento del plan provisional de acción, el A 696/ 22 fueron identificados 1.2 billones para cuatro para 44 actividades, específicamente en el marco de los 5 derechos evaluados por la Corte.
Desde Colombia compra eficiente expresaron que se realizó un estudio de los manuales de contratación de las entidades obligadas y se observó que el 90% de las necesidades cumplan con los principios de publicidad y transparencia, el 100% de las entidades obligadas no cumplen con la actualización normativa y el 50% no publica el administrativo que da origen al manual de contratación.
La Veedora Ciudadana para la implementación de la Sentencia, Ruth Chaparro, expresó que “hay un comportamiento de las entidades que hace que el Estado de Cosas Inconstitucional permanezca, generalmente la institucionalidad tiene un comportamiento reactivo y no proactivo”.
Además de la debilidad de los gobiernos locales que se concentran en defenderse y no en defender los derechos fundamentales de los niños. “Tienen un sistema de información incipiente, desarticulado, segmentado, no difundido y poco efectivo”.
El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, por su parte, aseguró que desde el 2017, mediante documentos Conpes, se adoptó la medida correctiva de Asunción temporal de la competencia de la prestación de los servicios de salud y educación, alimentación escolar, agua potable y saneamiento básico en el Departamento con el objetivo de asegurar la continuidad, cobertura y calidad de los servicios financiados con los recursos del Sistema de Participación Ciudadana.
Desde Maicao, el alcalde, Miguel Felipe Aragón González, afirmó que “el municipio no cuenta con una política pública para implementar. No se evidencian ejes temáticos en el Plan de Desarrollo para atender el Estado de Cosas Inconstitucional”.
El alcalde de Riohacha, Genaro Arredondo, precisó explicó que “la falta de inventario de infraestructura en agua, educación, atención a la niñez, hacía difícil evitar que una inversión no se repitiera. Es importante tener el censo para evitar que una comunidad sea varias veces intervenida mientras en otras no haya ninguna intervención.
En tanto, John Pimienta Jusayu, alcalde del municipio de Manaure, resaltó que para la distribución de los recursos no se tiene conocimiento de cuántas comunidades hay en el municipio, dónde están ubicadas y cuál es la población actual de cada comunidad.
Agregó, que, en el censo de 2018, si bien se aportan de manera global las estadísticas, se presenta una alta omisión censal y sus resultados no permiten identificar localización geográfica, lo que impide utilizarlos como criterio de priorización.
Por su parte, el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, precisóque “uno de los principales inconvenientes que hemos encontrado es la estadística, la falta de información frente a la cantidad real de comunidades wayuú bajo cobertura del municipio de Uribia. Tenemos reportadas 446 comunidades, pero de acuerdo con el Ministerio del Interior existen 1874 comunidades, hay una discrepancia significativa”.
