Jorge Juan Orozco, gerente de la Clínica de Alta Complejidad San Juan Bautista, expresó su preocupación ante la interrupción del corredor humanitario en La Guajira, que impidió el paso de ambulancias y puso en riesgo la atención médica.
El día de ayer, 8 de octubre, durante las manifestaciones en la región, las ambulancias se vieron forzadas a tomar rutas alternas para poder atender a pacientes en estado crítico.
El gerente explicó que la clínica tenía programadas cirugías ortopédicas con un equipo médico que debía trasladarse desde Fonseca; sin embargo, el paso fue bloqueado, afectando la llegada del Dr. Montero Marulanda y otros especialistas. Además, ambulancias enviadas desde la clínica para recoger a pacientes maternos en municipios del sur de La Guajira se vieron obligadas a transitar por trochas debido a los bloqueos.
“Entendemos las manifestaciones, pero no se puede perder el control del corredor humanitario. El llamado es a que si vamos a asumir un derecho que también compartimos con la comunidad de Caracolí, los organizadores deben asumir las responsabilidades del control de esos corredores humanitarios que siempre se respetan en tofo el país”, afirmó Orozco, aludiendo a las dificultades vividas durante la jornada.
A pesar de que algunas ambulancias lograron regresar, lo hicieron tarde, lo que provocó retrasos en las cirugías, que finalmente se realizaron hasta altas horas de la noche. “Esos pacientes venían en ayunas desde la mañana”, destacó.
El caos, que también involucró la participación de camioneros que bloquearon el paso por completo, generando una situación aún más crítica. “Cualquier persona que participe en una manifestación debe entender que no se trata de beneficiar a unos sobre otros, sino de respetar derechos fundamentales”, agregó Orozco, quien hizo un llamado a los organizadores de estos movimientos a asumir la responsabilidad de garantizar el control y el respeto de los corredores humanitarios.
La situación resalta la fragilidad del sistema de salud en medio de manifestaciones sociales y destaca la necesidad de coordinación efectiva para evitar que derechos fundamentales, como el acceso a la atención médica, se vean vulnerados.
