Una nueva protesta se presentó en las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Educación del Distrito de Riohacha, en esta oportunidad, un grupo de padres de familia, docentes y autoridades tradicionales wayúu se tomaron la sede.
Con pancartas en mano desde las 7 de la mañana, el grupo de personas manifestó que se tomaron la sede de la secretaria, ya que desde el año pasado se viene dilatando la puesta en funcionamiento del Centro Etnoeducativo No. 28 «Punta Sierra».
Desde las instalaciones ubicadas en la calle 7 (Ancha) con carrera 8 del centro de la ciudad de Riohacha, exigían hablar con la secretaria de educación Sandra Ospino, para que dé información detallada de lo que estaba sucediendo con este centro etnoeducativo.
Según los manifestantes hasta en horas de la tarde no habían recibido respuesta por la funcionaria de la Administración Distrital, sin embargo, estaban acordando sentarse en una mesa de trabajo y definir qué medidas tomar ante las exigencias de las autoridades tradicionales que alegan que el derecho a la educación de los niños y niñas wayúu esta siendo violentado .
Los manifestantes señalaron que desde hace tres años se creó el Centro Etnoeducativo No. 28 «Punta Sierra” debido a los peligros que enfrentaban los estudiantes al cruzar arroyos durante la temporada de lluvias e invierno.
En muchos casos, esta situación llevaba a la deserción escolar, es por eso, que por medio de un decreto y resolución fue creado en diciembre de 2023 bajo la dirección del exsecretario Jesús Herrera.
Asimismo, los manifestantes explicaron que debido a esta situación que vienen padeciendo en el sistema educativo, se han visto afectados más de 200 niños y niñas en edades escolares de las comunidades wayúu, Punta Sierra, Marañoncal y Parcelamana de la zona rural del Distrito de Riohacha, por lo que no estaban dispuestos a esperar más por la atención de las autoridades competentes.
Ellos manifiestan que durante este año 2024, bajo el liderazgo de la nueva secretaria de educación, Sandra Ospino, se ha observado una demora en el proceso de funcionamiento del centro etnoeducativo.
Esto ha llevado a violaciones de los derechos de los niños a recibir educación y a la vulneración de la autonomía de las comunidades indígenas Wayuu en el territorio. Estas preocupaciones han sido presentadas formalmente ante entidades de control, como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Por último, manifestaron que los niños beneficiarios del centro Etnoeducativo se encuentran en una situación incierta ya que el calendario escolar 2024, está programado para iniciar el próximo 5 de febrero, por lo que están exigiendo que se solucione esta situación, ya que se está irrespetando los derechos de los niños y niñas wayúu y a la autonomía de las autoridades tradicionales.
