El pasado viernes 4 de junio del 2021, se llevó a cabo por parte de la Corte Constitucional una sesión técnica de seguimiento y verificación del cumplimiento de la Sentencia T-302 del 2017, la cual ordenó la superación del estado de cosas inconstitucional en La Guajira, que permita una mejor calidad de vida a los niños y niñas wayuú.
Este evento fue presidido por el magistrado José Fernando Reyes Cuarta y acompañado por Alberto Rojas Ríos y Paola Andrea Meneses Mosquera. Se desarrolló de manera virtual y se transmitió en vivo y en directo a través de diferentes plataformas, contando con la presencia del Defensor del Pueblo Carlos Ernesto Camargo Asís, Antonio Thomas Arias; viceprocurador General de la Nación, Eduard Calderón Muñoz; en representación de la Unidad Especial Anticorrupción de la Fiscalía; Gustavo Custodio Valbuena Gouriyu y Javier Rojas Uriana, en calidad de representantes y voceros de la comunidad.
En representación de la sociedad civil participaron Ruth Consuelo Chaparro miembro de la Veeduría Ciudadana de la Sentencia T-302 2017; el subdirector del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, Mauricio Albarracín. Igualmente, tomaron la palabra los representantes de las entidades accionadas del orden nacional, regional y territorial, entre otras personalidades e instituciones invitadas.
La Veeduría Ciudadana habló con miembros de las comunidades wayuú que vieron la transmisión con el objeto de conocer de primera mano y en contexto, sus impresiones de la convocatoria realizada por la Corte Constitucional.
Jacobo Pana González, líder natural wayuú del clan Pushaina, nativo y residente de Uribia, hijo del destacado poeta, palabrero y pionero de la etnoliteratura wayuú, Glicerio Tomas Pana Uriana, precisa: “Por mi experiencia y batallar jurídico, es hasta ahora, sin herir susceptibilidades, un compendio de letras muertas, dependiendo eso sí del rumbo que le reasigne la Corte. Mientras tanto la triste realidad de nuestro territorio continuará sin agua, sin vías, sin alimentos, sin oportunidades laborales y lo más triste, sin voluntad política ni administrativa para su cumplimiento”.
Añade: “Cuanto me hubiese gustado escuchar reportes concretos sobre soluciones permanentes de agua potable en tales rancherías, escuchar sobre alimentación sostenible y productiva, atención en salud y diálogo genuino con la sapiencia y tacto de nuestros palabreros”.
María Angelina Jayariyu, autoridad tradicional y líder natural de 79 años de la comunidad de Purresamana, sector de Jonjoncito, Alta Guajira, expresa en wayuunaiki, lengua materna de los wayuú: “No conozco el tema ni del beneficio para mi zona. Allá no hay presencia gubernamental y nunca nos han hablado de eso, a los del Gobierno no les conviene que la gente sepa de sus derechos y ahora tienen de excusa a la pandemia, para no atender a la gente”.
La Corte Constitucional a través de la Sentencia T-302 del 2017, advierte al Gobierno colombiano, a los entes territoriales accionados y a otras entidades de orden regional y local garantizar la vida de niños, niñas y adolescentes wayuú, al señalar que “la identidad cultural de los wayuú no es un obstáculo para la garantía de los derechos de los niños y niñas. Considerarlo de esa manera refleja una visión simplista y reduccionista del problema, alimentada por estereotipos y prejuicios étnicos. Por el contrario, una parte del problema es el desconocimiento de la identidad cultural de parte de las instituciones”.
Es importante destacar que los niños wayuú, cuentan con una protección reforzada, otorgada por la Corte Constitucional de nuestro país, luego de la publicación de la Sentencia T-302 del 2017, que obliga tomar medidas para frenar muertes de infantes causadas por enfermedades prevenibles.
Antonio Ipuana, putchipuu o palabrero, reaccionó diciendo: “Desconozco la norma, ni en wayuunaiki ni en castellano, de lo que sí sé, es que los niños wayuú siguen muriendo, las madres y las familias sufriendo. Ahora viene y nos remata el Covid y ni así reaccionan los del Gobierno central ni de las administraciones locales, a ellos solo se le ven en campaña política, mientras tanto para ellos el pueblo no vale y muchos menos los wayuú, nos tocará hacer marchas y paro también”.
Por otro lado, Lorenzo Pushaina Montiel, wayuú de 67 años de la comunidad Las Mercedes de Uribia, comerciante y pastor tradicional, se refiere a la sesión técnica y sobre la sentencia misma, y explica: “Hasta ahora sé que ella existe y que hablan de ellos los alijunas, pero debieran hablar con nosotros primero y traernos ayuda, aquí seguimos sufriendo y de sed, hambre y sin trabajo. No hay ayuda del Gobierno y ahora con esa Covid no veo las cosas bien y la ayuda no llega, vienen es a pedir la votación”.
La realidad para todos ellos es contundente. Transcurrido 3 años de la notificación e inicio de su ejecución formal, muy poco es lo que se ha generado desde los distintos niveles del Gobierno, a favor de los wayuú. “Que aun en la pandemia, siguen padeciendo de sed, hambre, aislamiento forzoso, olvido estatal y lo peor, enterrando a sus muertos, sin registros y sin presencia efectiva de un Estado indolente”, como lo señaló en plena sesión la presidenta de la Veeduría, Ruth Con- suelo Chaparro.
Cumplida la jornada quedó en el ambiente el sin sabor del incumplimiento, la necesidad de asumir de manera especial la difícil situación de los niños y niñas wayuú que permita pasar de la retórica y de los reportes reactivos a las acciones concretas en el territorio, como producto de una real política pública de enfoque diferencial étnico y sustentada en el conocimiento de la norma por parte de las comunidades y el establecimiento de una verdadero diálogo genuino; como lo contempla la Corte Constitucional.
