A través de un comunicado el Agente especial Edwin Palma presentó el primer informe diagnóstico de la compañía con fines administrativos, el cual consta de 704 páginas, sobre la empresa Air-e, en base a la toma de posesión por la Superintendencia de Servicios Públicos desde el pasado 12 septiembre de 2024.
El documento en cuestión, resaltó en ocho puntos principales, la consolidación de la situación de la compañía, sobre todas las áreas que la conforman, a la fecha de la toma de posesión. Entre los hallazgos se encuentran contratos de energía incumplidos, desorden en la contabilidad y en la contratación con terceros, constantes racionamientos de energía informados como “mantenimientos”, baja ejecución del plan de inversiones, pérdidas de recursos destinados a la normalización eléctrica y deterioro en la calidad del servicio.
En cuanto a la situación contable y financiera concluyo que la empresa enfrenta un deterioro patrimonial severo, el cual se refleja pérdidas acumuladas y un desbalance financiero significativo. Las obligaciones causadas han sido valoradas inicialmente en la suma de $1.9 billones, sobre todo por el reiterado incumplimiento de sus obligaciones de pago.
Sumado a lo anterior expuesto indicaron que por cuarto año consecutivo, el resultado financiero acumulado no generó utilidad, lo que evidenció una incapacidad para generar los recursos necesarios que lograran garantizar la operación de la compañía. Teniendo en cuenta que día tras día la situación empeora por la alta exposición a bolsa que tiene la empresa desde la intervención y por los precios de la generación de energía en el mercado.
Asimismo, resaltó que el incumplimiento en el pago a los proveedores ha sido otra de las dificultades encontradas. Hay un sinnúmero de acciones legales en contra de la compañía y, en especial, procesos ejecutivos de los cuales 21 están suspendidos por la intervención por un monto de $69.325 millones.
Adicionalmente, se generaron intereses moratorios en los contratos de recaudo de alumbrado público con las alcaldías por la demora en el giro de los dineros que pagan los clientes por este concepto en las facturas. Los recursos debían ser entregados en un plazo no mayor a 45 días hábiles.
Por otra parte, ante los problemas financieros, se encontraron procesos de limitación de suministro en curso por el retraso en el pago de obligaciones a los diferentes agentes del mercado eléctrico. Se destaca que para el tercer trimestre del año 2024 se presentó un
incremento en la exposición a bolsa debido al incumplimiento de los contratos de compra de energía por parte de Air-e, lo que la llevó a reducir su cobertura en contratos en un 50%.
El incumplimiento en el Plan de Inversiones aprobado por la CREG para las vigencias 2023 y 2024, impacta negativamente el reconocimiento tarifario (Componentes D) e imposibilita el reconocimiento de las pérdidas reales en el componente de pérdidas (Componente Pr).
Para finalizar expresó que como se incumplió la senda de pérdidas de 2024 que había sido acordada con la CREG, se suspenderá el reconocimiento del plan de pérdidas para el año 2025. Esto significa un grave riesgo para el cumplimiento en este plan, ya que, al no llegar a las metas de pérdidas fijadas durante dos años consecutivos, implicaría que la empresa tenga que devolver el dinero recibido a través de la tarifa para realizar actividades encaminadas a disminuir las pérdidas de energía en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico, suma que ronda los 400 mil millones de pesos.
Se encontraron también contratos en los que la compañía se comprometió a generar energía que al final no pudo, con grandes
consecuencias económicas y jurídicas por dicho incumplimiento.