Aprovechando una falla de energía presentada en la madrugada de este jueves 13 de junio en un sector de Riohacha, un recluso logró escaparse de las instalaciones del Centro de Detención Preventivo, más conocido como el antiguo Caimeg, ubicado en la calle 7 con Avenida Circunvalar.
El privado de la libertad prófugo fue identificado como Miguel Ángel Ospino Pino, alias ‘Gonzalo’, quien según las autoridades, utilizando una sábana para colgarse por la parte trasera de la pared, logró salir de las instalaciones sin que los custodios se dieran cuenta.
Se conoció que al restablecerse el servicio eléctrico, algunos vecinos notaron la situación inusual, dando aviso a las autoridades quienes posteriormente confirmaron que faltaba uno de los reclusos.
De manera inmediata se adelantaron todos los protocolos de seguridad para iniciar la búsqueda por parte de las autoridades como Fiscalía General de la Nación, Gaula de la Policía y Militar; quienes se encuentran tras la pista de este sujeto y recolectando todas las evidencias para determinar cómo ocurrió el escape y poder localizarlo para continuar con su proceso judicial por los diferentes delitos por los que fue capturado.
Alias ‘Gonzalo’ fue capturado el pasado mes de marao por el Gaula de la Policía Nacional y la Seccional de Inteligencia Policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación mediante una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y extorsión en el Distrito de Riohacha, en donde presuntamente mantenía sus operaciones delictivas desde hace tiempo.
Este sujeto al parecer era el cabecilla financiero de las AGC – Clan del Golfo, Subestructura Francisco José Morelo Peñate, con injerencia en el departamento de La Guajira.
Es señalado por las autoridades como el responsable de ordenar y coordinar las acciones delictivas de este grupo criminal tales como: cobro de extorsiones, homicidios, desplazamiento forzado, porte y tráfico de armas de fuego y porte y tráfico de estupefacientes.
De acuerdo con las autoridades, las víctimas de extorsión eran amenazados con la utilización de armas de fuego de largo y corto alcance, para exigirles cifras económicas que oscilan de dos a quinientos millones de pesos ($2.000.000 a $500.000.000), a cambio de dejarlos ejercer su actividad económica y no atentar en contra de los propietarios de las empresas, sus empleados o la infraestructura de las mismas; afectando a finqueros, ganaderos, bananeros, dueños o administradores de constructoras, transportadores y comunidad en general.
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