A su llegada el pasado fin de semana a San Juan del Cesar y al corregimiento de Los Haticos, para notificar a los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta de una nueva resolución el Caso 03 o ‘falsos positivos’, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo una importante revelación.
Se trata del reconocimiento de 135 desapariciones forzadas y asesinatos que fueron cometidos por militares pertenecientes al Batallón La Popa con injerencia en los departamentos de Cesar y La Guajira.
“Este es un inicio para explorar escenarios restaurativos y proyectos de sanciones propias para los máximos responsables de los crímenes de guerra y lesa humanidad que ocurrieron aquí”, le manifestó a los familiares de las víctimas, el magistrado Óscar Parra.
Destacó que durante la investigación de este macrocaso, el Tribunal de Paz identificó que los militares pertenecientes al Batallón La Popa elegían a sus víctimas teniendo en cuenta algunos patrones: que fueran indígenas, personas indocumentadas, con precariedad económica, habitantes de calle, miembros de la comunidad Lgbtiq, menores de edad, señalados de pertenecer a grupos guerrilleros, supuestos integrantes de la AUC, recicladores y desmovilizados.
Con base en el testimonio entregado por parte de los militares integrantes de este Batallón, la JEP determió que estos asesinatos hacían parte de un “plan articulado por objetivos, recursos, roles y modos de operación comunes que estuvo orientando a la consolidación territorial, a mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas y las distintas formas de criminalidad que afectan a la población de la región”.
Jesús Eduardo Oñate, uno de los familiares de las víctimas perteneciente a la comunidad wiwa, expresó: “El hecho de que la JEP haya venido a La Guajira para notificarnos la resolución me parece un acto de buena fe. Que hayan llegado hasta nuestro territorio nos facilitó aclarar inquietudes y aclarar lo que sigue en el proceso”.
