La Fiscalía General de la Nación judicializó ante un juez de control de garantías, a 11 presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado ‘Los Wawi’, logrando privar de la libertad en centro carcelario a 10 de los procesados, mientras otro fue asegurado en su lugar de residencia.
En un trabajo coordinado entre la Fiscalía y la Policía Nacional fueron notificados en la cárcel de Riohacha: Richard Elías Brito Altamar, José Manuel Álvarez Uriana, Aldrin Manuel Arias Barros, Aldair José Ceballos Hincapié, Andrés David Cárdenas Fernández, Luis Mario Rafael Cotes Cuadrado y Osnaider Antonio Bautista de la Hoz; así como Yaniris Paola Peña Martínez en el centro penitenciario de Sincelejo.
Asimismo, fue notificado en la Estación de Policía de Riohacha, Carlos Andrés Cárdenas Fernández. Mientras que, en vía pública de la capital guajira, fueron capturados Sergio Luis Otálora Rangel y Manuel Antonio Otálora Marín, siendo este último el que fue asegurado en su domicilio, luego de las audiencias concentradas por el juez de control de garantías.
La fuente judicial informó que, tras un año de investigación, se evidenció que este grupo delincuencial torturaba y realizaba exigencias económicas a varios capturados de la Estación de la Policía en Riohacha.
Asimismo, se estableció el rol que cumplía cada uno de los procesados, entre los que se encuentran ocho personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios de La Guajira y Sucre.
Ellos, al parecer, eran los encargados de enviar mensajes de texto y realizar llamadas a los familiares de las víctimas, a quienes les pedían entre 50 y 150 mil pesos, a cambio de no atentar contra la vida de los internos.
Se presume que, uno de los procesados que se encontraba recluido vendía puestos al interior de las celdas para dormir, así como estupefacientes; además de ser el encargado de las agresiones a quienes se negaban al pago. Finalmente, otros dos hombres, al parecer, suministraban los alucinógenos y retiraban el dinero de las extorsiones.
De igual forma, por parte del ente acusador se conoció que ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad en los delitos imputados: concierto para delinquir agravado por darse para la extorsión y tortura, extorsión agravada, tortura y lesiones.
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