La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo, así lo afirma las Naciones Unidas.
En el informe, precisan que se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta.
Además que ese tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad.
Al tiempo se recuerda de las condiciones que creó la pandemia –confinamientos, restricciones a la movilidad, mayor aislamiento, estrés e incertidumbre económica– que provocó un incremento alarmante de la violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado y han expuesto todavía más a las mujeres y las niñas a otras formas de violencia, desde el matrimonio infantil hasta el acoso sexual en línea.
De acuerdo con las Naciones Unidas, la violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas.
La violencia de género puede ser de tipo sexual, físico, psicológico y económico, y puede darse tanto en el espacio público como en la esfera privada. Las amenazas, la coerción y la manipulación son también formas de violencia de género. La violencia de género puede tomar muchas formas: violencia de pareja, violencia sexual, matrimonio infantil, mutilación genital femenina y los supuestos crímenes de honor.
De acuerdo con el informe Violencia de género en contra de las mujeres periodistas en Colombia, publicado a finales de 2020 por la campaña ‘No es hora de callar’ y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, 6 de cada 10 mujeres periodistas han vivido violencia de género en sus espacios laborales.
Casi 8 de cada 10 conocen casos de violencia contra colegas. Y en la mayoría de estos, los agresores son personas con poder dentro de los mismos entornos laborales.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advierte que se está frente a una violencia estructural, que no distingue sectores ni niveles de poder, y que requiere una respuesta estructural también.
Para la funcionaria erradicar esa violencia implica transformar las condiciones que la permiten: romper el silencio, desmontar la impunidad, y garantizar que haya consecuencias.