Una turbulencia, propia de los vericuetos políticos, parece mover por estos días a la península ‘Macondiana’ de La Guajira. Eso no es extraño. Nuestro territorio ha servido de laboratorio jurídico para aprender temas sobre doble militancia, creación de nuevos municipios, ‘artimañas’ para cambiar la intención del voto, y tantas otras herramientas, en donde a las altas cortes del Estado, les ha tocado esforzarse para crear jurisprudencia que sirvan de marco a fin de poder resolver muchos asuntos que están por encima de los enunciados de los códigos jurídicos que rigen la justicia de nuestro país.
Hoy, la península está gravitando alrededor de lo bueno, regular o malo que haga el gobierno de izquierda en este territorio. Lógicamente la derecha hace lo mismo que hicieron sus opositores en el pasado. Criticar, analizar, rechazar y refutar. El tema del día tiene que ver con los famosos carrotanques que fueron adquiridos por la Unidad Nacional del Riesgo, en cuya cabeza se encuentra Olmedo López. Así también se atacó la represa del Ranchería cuando Álvaro Uribe ejecutó la primera fase. También se criticó, y con mucha razón, las pilas públicas del Programa Guajira Azul. Se le dio garrote a Guajira sin Jamusiry, en el gobierno de Jorge Pérez Bernier.
Era obvio que la Emergencia Social y Económica de Gustavo Petro no iba a pasar desapercibida. La oposición no da tregua, y hoy se critica la forma como se compraron 40 camiones cisternas, por más de 44 mil millones de pesos, para repartir agua en las zonas vulnerables de este departamento.
Al cuento inicial le están apareciendo todos los días los pedazos que le hacían falta. La empresa que vendió los vehículos. Los elevados costos. Pero, lo más grave, la falta de agua para abastecer los camiones y llevarla a la gente necesitada. No hay capacidad de abastecimiento. El acueducto de Riohacha, el más grande del departamento, no tiene forma de cumplir con ese cometido. En Maicao se propuso un pozo en Carraipía, pero no reúne las condiciones y, además, se encuentra a mucha distancia, lo que afectarías los costos de transporte.
Los entes de control no se han quedado ciegos, sordos y mudos. Para hoy miércoles, se tiene prevista la realización de una mesa de trabajo en donde la Ungrd, deberá pasar al pizarrón para aclarar lo que se viene haciendo para cumplir con la Sentencia T-302.
La turbulencia comienza a enredar a muchas entidades y funcionarios, por eso se declaró la alerta. El objetivo principal, mirar el contrato con la empresa Impoamericana Roger S.A.S. que en 2019 cambió de razón social y de dueño. Desde allí dijeron que, supuestamente, la Ungrd les envió un correo para cotizar el alquiler de los carros y así fue como se concretó el negocio.
La expectativa se cierne sobre qué pasará en la reunión. Afortunadamente la ‘turbulencia’ no tiene mucho acento caribeño.