Así se puede calificar la compra de cuarenta carrotanques doble troque, para entregar agua potable a los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y el Distrito de Riohacha accionados por la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordena que se garanticen los derechos de acceso a agua potable, salud y seguridad alimentaria a sus niños, niñas y adolescentes indígenas.
La compra de los vehículos por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, tenían un solo objetivo, cumplir con una solicitud directa del presidente Gustavo Petro, quien se comprometió con el pueblo de La Guajira a velar por el bienestar de los menores indígenas.
Ese compromiso del mandatario de los colombianos terminó empañado, envuelto en un hecho de corrupción que le costó la renuncia al hoy exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López y otros funcionarios de la entidad.
La situación es tan compleja que el propio Gobierno nacional a través de Transparencia por Colombia denunció penalmente a Olmedo López, envuelto en un escándalo que salpica de alguna manera el trabajo de otros reconocidos líderes sociales de La Guajira.
Se espera que los entes de control establezcan las responsabilidades de quienes tienen que ver con este hecho, puesto que se jugó alrededor de un tema sensible como es proveer de agua potable especialmente a las familias wayuú para evitar que los menores sigan muriendo por factores asociados a la desnutrición.
El presidente Gustavo Petro, debe redireccionar el camino para darle cumplimiento a la Sentencia T-302 de 2017, pues es claro su deseo de salvaguardar la vida de los menores indígenas, además de apoyar otras iniciativas sociales que tienen que ver con el desarrollo social y económico de La Guajira.
Recientemente el Defensor del Pueblo, hizo un llamado a los entes del orden nacional, departamental y municipales: “Deben trabajar de manera conjunta y armónica; solo así podrán ser impulsados los programas de desarrollo sostenible, generadas soluciones integrales y creadas, en el mejor de los casos, políticas públicas para combatir la crisis social y humanitaria que vive La Guajira, otra de las regiones históricamente abandonadas por el Estado”.