En los 26 días del mes de enero de este 2026, 33 personas han sido asesinadas en el departamento de La Guajira, de acuerdo con información que maneja el Comando de Policía, y que muestra la forma como la violencia se recrudece en el territorio.
La situación es bastante compleja y delicada, por el terror que se está sembrando en ciudades como Maicao, Riohacha, el municipio de Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar y Uribia.
Las acciones de los violentos van en aumento, a pesar de las decisiones que se toman en los llamados consejos de seguridad donde participan las diferentes instituciones.
En algunas ciudades se aumentó el pie de fuerza, pero resulta insuficiente por la forma como se mueven las estructuras que delinquen para marcar territorio, y para seguir transportando drogas.
Es urgente que el Gobierno nacional mire con otros ojos este tema que se vive en el territorio, para que realmente se desarticulen esos grupos que actúan muy libres en el departamento.
Los hechos violentos que siguen ocurriendo afectan la visita de turistas, un renglón importante de la economía del departamento, como también a la comunidad residente que no se siente segura.
Hoy más que nunca se debe alzar la voz, para acompañar desde la sociedad civil a las instituciones en procura de ser atendidas las solicitudes para contrarrestar la acción de los violentos.
Según análisis de la información de violencia en La Guajira, se determina que el conflicto entre estructuras delincuenciales es una de las causas de las muertes violentas que se siguen presentando en el departamento.
Como también que en la mayoría de los casos las víctimas registran antecedentes judiciales.
Es decir, se está frente a un reacomodo criminal cuando las autoridades intensifican las acciones de control, captura de cabecillas o afecta renta ilegal.
Por lo tanto, el objetivo es romper la capacidad de operación de las estructuras para garantizar estabilidad y seguridad a la ciudadanía, esa es una de las conclusiones de los consejos de seguridad.
Hoy los guajiros esperan que las autoridades recobren el control en el territorio, para que realmente se garantice la seguridad ciudadana.