La ola de violencia que sacude al departamento de La Guajira debe llamar al rechazo generalizado de todos los que habitan en este territorio, para exigirle a quienes siembran miedo que cesen sus actos delincuenciales.
La tarea no es solo de las autoridades que están en el deber de garantizar la seguridad ciudadana, se hace necesario que todos los estamentos se unan en una sola voz para clamar por esa paz que cada día es más esquiva.
Los residentes en este departamento deben unirse para exigir al gobierno del presidente Gustavo Petro, que realmente aporte ese grano que se necesita para neutralizar la acción de los grupos delincuenciales que siguen haciendo de las suyas en La Guajira.
Las acciones siguen demostrando que el Gobierno nacional prácticamente está dejando solo a las autoridades en el territorio, porque las solicitudes del gobierno departamental y de los entes territoriales no se atienden con prontitud y con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para abordar la situación de manera más efectiva.
Las autoridades asentadas en el departamento confirman la presencia y la disputa territorial de estructuras criminales organizadas, como el Clan del Golfo, el ELN, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
También se alerta de la presencia de alianzas criminales que trabajan para controlar corredores estratégicos utilizados para economías ilícitas, movilidad armada y delitos de alto impacto.
Esa situación es de público conocimiento del Gobierno nacional, que se recuerda en cada consejo de seguridad con pocas respuestas positivas generando entonces que los violentos siguen ganando terreno en La Guajira.
Este tema tan delicado y complejo traerá algunas repercusiones en el proceso electoral que se avecina, porque muy seguramente intimidarán a la comunidad para que sigan sus instrucciones.
El tema es de una alta preocupación por ello se espera que realmente exista un trabajo común desde el Gobierno nacional para que esa hoja de ruta que tanto anuncian se cumpla en todo el sentido de la palabra trabajando de la mano de la institucionalidad de La Guajira.
El gobierno departamental y los entes territoriales, también deben aunar esfuerzos para estar más cerca de las comunidades llevando toda su oferta institucional.