En concepto rendido ante la Corte Constitucional por parte de la procuradora Margarita Cabello Blanco, con base en el decreto 1085 de 2023 que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica a La Guajira, deja de presente que por encima de los problemas sociales de nuestro departamento impera una posición inhumana llamada política que está intrínseca en la presunta inconstitucionalidad de la medida y en la subjetividad del funcionario que conceptúa sobre lo decretado por el presidente Gustavo Petro.
Los decretos que nos favorecen no pueden ser un saludo a la bandera por parte del mandatario de los colombianos, pero tampoco tomado como bandera política en medio de la divergencia ¿Saben por qué? Porque los problemas coyunturales de La Guajira hay que despolitizarlos.
El paliativo que nos entrega la procuradora, es que no desconoce la grave situación en La Guajira, punto de vista que atenúa los efectos de su negativa posición política disfrazada de una presunta inconstitucionalidad, y a renglón seguido, reconoce nuestro sufrimiento social, argumentando que “…solo que su existencia no es emergente y requiere una solución por las vías normales previstas en la Carta Política”. Señora procuradora, conducir al presidente a que resuelva nuestro problema social con base en la Constitución y los decretos que engrosan los anaqueles de la Casa de Nariño es inducirlo a que no haga nada por este departamento, especialmente porque nuestros problemas crónicos y estructurales requieren una pronta solución.
Viendo la otra cara de la moneda y actuando en calidad de trujamán, la funcionaria que representa al Ministerio Público considera injustas las pretensiones del presidente Gustavo Petro en instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales; interpretamos su concepto sobre la declaración del Estado de emergencia que no es más que el tratamiento de indios y no de indígenas que no quiere dar el mandatario para obtener otros provechos políticos y económicos con el prisma de nuestro problema social.
Sabemos y entendemos que la posición de Margarita Cabello es institucional y no personal, ya que interpretando las huellas legendarias de las pedregosas calles villanueveras me registran que la hoy procuradora transitó en infancia por este pueblo del Sur de La Guajira al igual que su padre Leandro Cabello, un visionario abogado que dejó huellas importantes en épocas pretéritas defendiendo lo que sería la primera represa que se debería construir en Villanueva, llamándola en su momento ‘El Canal del Perijá’. El padre de Margarita era hijo del coronel Leandro Cabello, descendiente del cacique Canopan, familia de tradición villanuevera, y por ende guajira
¿Qué viene ahora? La última palabra la tiene la Corte Constitucional.
