El agua se ha convertido en una de las mayores deudas sociales de La Guajira. De eso no cabe la menor duda. En ciudades como Riohacha y Maicao,…
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El agua se ha convertido en una de las mayores deudas sociales de La Guajira. De eso no cabe la menor duda. En ciudades como Riohacha y Maicao, el problema es más profundo, el tamaño de la población se ha disparado, las inversiones han sido millonarias, pero los resultados no son visibles, haciendo más sensible la falta del líquido en temporadas de sequía.
Casi la totalidad de los municipios tienen el mismo esquema de suministrar el agua: concesionado a empresas que no cumplen.
Resulta inadmisible que, en pleno siglo XXI, miles de familias de la capital guajira tengan que organizar su vida alrededor de un calendario de abastecimiento que, en determinados sectores, puede significar esperar hasta ocho días para recibir agua. Abrir una llave y encontrar el preciado líquido debería ser algo normal, no un acontecimiento que obliga a llenar tanques, almacenar recipientes y modificar las rutinas del hogar.
En Riohacha, el debate tiene nombre propio: Aqualia, operador cuya gestión está en el centro de los cuestionamientos del Movimiento Acuerdo Ciudadano por el Derecho al Agua y al Saneamiento Básico, que promueve una discusión sobre la continuidad del modelo contractual y la posibilidad de buscar alternativas.
De acuerdo con el pronunciamiento de la Diócesis de Riohacha, la ciudad acumula 26 años de modelo concesional y ha tenido tres operadores: Agua de La Guajira, Assa y Aqualia. La institución plantea revisar los resultados y determinar si la estructura financiera, contractual e institucional vigente ha logrado traducir los recursos públicos y las tarifas de los usuarios en mejoras suficientes de cobertura, continuidad, potabilización y presión.
No se trata de condenar anticipadamente a una empresa ni de promover decisiones precipitadas. Se trata de exigir resultados, transparencia y explicaciones. Si el sistema funciona adecuadamente, sus responsables deben demostrarlo con indicadores verificables; si presenta deficiencias estructurales, corresponde establecer sus causas y determinar las medidas correctivas.
Por eso, la eventual suspensión o terminación del contrato de operación no puede convertirse en una consigna sin sustento técnico ni jurídico.
La propuesta de instalar una mesa técnica para estudiar la viabilidad de un operador público merece atención. Universidades, expertos, autoridades, organizaciones ciudadanas y usuarios deben participar en una evaluación independiente, con cifras claras y conclusiones públicas.
Riohacha no puede seguir acostumbrándose a la sed. El agua no es un favor de los gobiernos ni una concesión de quienes administran el servicio: es una necesidad esencial y un derecho fundamental.
Ha llegado la hora de pasar de los anuncios a las soluciones. Porque una ciudad que recibe agua por turnos no puede conformarse con que le prometan desarrollo. Primero debe garantizar lo indispensable para vivir: agua suficiente, potable y continua.
