Diversas reacciones generaron en el departamento de La Guajira, la decisión de la Corte Constitucional al declarar inexequible el decreto 1085 de 2023 mediante el cual el presidente Gustavo Petro, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.
En la nota de prensa publicada por la Corte Constitucional, concede efectos diferidos a la decisión por el término de un año contados a partir de la expedición del decreto 1085 de 2 de julio de 2023, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad del agua.
Además, exhorta al Gobierno nacional y al Congreso de la República, para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira constatada en la sentencia T 302 de 2017, y con ello se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en La Guajira. Así mismo para que fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden.
Es decir, le corresponde entonces al gobierno del presidente Gustavo Petro, seguir trabajando alrededor del cumplimiento de la sentencia T 302 de 2017, sin los recursos excepcionales que le permitía el decreto 1085 de 2023.
Es también entender que debe trabajar de la mano del gobierno departamental y los entes territoriales de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha, para aunar esfuerzos institucionales y recursos económicos para que se garanticen los derechos de los niños y niñas indígenas en el acceso al agua potable, seguridad alimentaria y salud.
En la sentencia T 302 de 2017, se determina cuáles son los pasos que se deben seguir para la protección de los menores, en la cual se ha venido avanzando con un sinnúmero de dificultades que requiere de este gobierno todo su interés para cumplir a cabalidad con el mismo.
Es una prueba de fuego para el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien siempre ha mostrado todo su empeño en la protección de las comunidades indígenas en este territorio, y seguro estamos que no será inferior a ese reto.
