Pese a que el Congreso de la República aprobó las facultades especiales para que el gobierno de Gustavo Petro, realice un nuevo marco de endeudamiento para cumplir con compromisos con la banca internacional y continuar con las obras prioritarias, en algunas regiones no se tiene claro cómo operará el recorte del gasto fiscal, que lógicamente va a producir un fuerte impacto en las zonas periféricas consideradas las más vulnerables de Colombia.
Los recortes en el gasto fiscal pueden resultar en una disminución de las transferencias del Gobierno central a los entes territoriales. Las regiones pobres, fundamentalmente viven y financian proyectos con estos recursos. Desde ahora se registrará unas Limitaciones en Inversiones Públicas, Prestación de Servicios Públicos, Aumento de la Desigualdad Regional, Impacto en el Empleo, y Menor Autonomía Financiera.
La deuda externa del país a marzo de 2024, según informe del Banco de la República, alcanzó los 174.313 millones de dólares. Este monto representa aproximadamente el 52.8% del Producto Interno Bruto del país, de los cuales, el sector público está representado por el gobierno con un 69%; las entidades descentralizadas responden por el 22%; mientras que los departamentos y municipios, contemplan una deuda que oscila en el 6%.
La magnitud de estos impactos dependerá del alcance y la duración de los recortes, así como de las medidas de compensación que puedan implementar tanto el Gobierno central como los gobiernos locales para mitigar los efectos negativos.
La pregunta que brota de inmediato: ¿Qué pasará con regiones como La Guajira que enfrenta una crisis humanitaria con una de las peores prestaciones de servicios públicos del país?
Da la sensación que las obras públicas en este departamento se hubiesen paralizado. Las carreteras a la Alta Guajira, la vía Mayapo, Manaure, Uribia; la carretera La Florida – Cuestecita, y otros proyectos viales, se encuentran suspendidos.
El proyecto ranchería solo tiene lista la presa El Cercado, en donde se almacenan 198 millones de metros cúbicos de agua, mientras los 15 municipios del territorio no tienen agua potable para el consumo humano.
Los compromisos para cumplir la Sentencia T-302 quedan bajo un interrogante mayúsculo. Desde el 2001 La Guajira fue el primer departamento en iniciar la gratuidad en la educación. Más de 18 estudiantes de pregrado se preparan con recursos de las regalías que percibe la gobernación.
Sería bueno que los gobiernos territoriales encabezados por el gobernador Jairo Aguilar Deluque y los 15 alcaldes municipales, sin distingo de partidos, se reúnan con el presidente Petro durante su visita a este departamento, para que se puedan aclarar estos interrogantes, que hoy hace el grueso de la población peninsular.