Hace un mes, la empresa Cerrejón prácticamente se vio obligada a anticipar el anunciado cierre minero debido a la caída de los precios del mineral y a los graves problemas sociales que agobian al Departamento, que han provocado oleadas de protestas con bloqueos a la red férrea y las vías de acceso terrestre a las zonas mineras y portuarias.
Este fin de semana, conocimos que un grupo de dirigentes, entre ellos, empresarios, sindicalistas y analistas, ya tienen listo un evento para analizar todo el proceso de transición hacia un desarrollo sostenible, tras el cierre minero.
El evento será este 30 de mayo, y tiene como organizadores a Comfaguajira, una de las entidades afectadas por la decisión del cierre de operaciones; precisamente el mayor número de aportantes a la Caja de Compensación Familiar son trabajadores mineros.
Buena oportunidad para conocer cómo se pueden diseñar planes y procesos reales, que puedan garantizar que, con la partida de Cerrejón, no se produzca un impacto apocalíptico en nuestra maltratada economía.
El retiro de Cerrejón, no solo afecta a este Departamento. Es bueno precisar que en el sector minero trabaja un alto porcentaje de personas oriundas de otras regiones, que viven por fuera de este territorio.
La sede principal de la compañía minera se encuentra en Bogotá y por muchos años estuvo en Barranquilla. Las grandes empresas contratistas son del interior del país, pero además la exportación de carbón hace un fuerte aporte para que el Estado pueda tener recursos para entregarle a sus regiones, lo que indica que, el grave impacto financiero y social, no será solo para los habitantes de este rico terruño.
El cierre de Cerrejón plantea desafíos importantes para la región, incluyendo la necesidad de diversificar la economía local y garantizar una transición justa para las comunidades y trabajadores afectados.
Serán casi 10 mil empleos directos e indirectos, los que de un solo tajo pierde el país.
Muchos municipios, como Albania, Hatonuevo, Maicao y Barrancas, dependen en gran medida de las regalías y los tributos del sector minero.
No existe un plan de diversificación económica sostenible que genere empleo y crecimiento, pero esto implica inversiones y tiempo.
Se requiere mucha justicia social y una transición justa, para que las comunidades vulnerables, pueblos indígenas, población afro, puedan recibir un trato equitativo.
Otro de los temas fundamentales será la restauración ambiental, a fin de disminuir el impacto negativo que hasta el momento ha dejado la explotación de carbón.
No será un proceso fácil. Por eso se requiere de la participación inteligente de todos los sectores del Departamento, a fin de abrir de forma colectiva, un rediseño del futuro de esta región.
