La tragedia aérea que enluta al país vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿está obsoleto el equipamiento militar en Colombia? Más que una inquietud técnica, se ha convertido en el epicentro de una disputa política que, en medio del dolor, amenaza con desviar el foco de lo verdaderamente urgente: la verdad, la responsabilidad y la seguridad de quienes sirven al país.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha operado históricamente con una combinación de aeronaves modernas y plataformas con décadas de servicio. Esto, por sí solo, no constituye una anomalía. En el ámbito militar, la longevidad de una aeronave no es sinónimo de obsolescencia, siempre que existan rigurosos protocolos de mantenimiento, modernización tecnológica y entrenamiento constante de las tripulaciones. El problema no es la edad; es el estado real de operación.
Pero mientras el país discute en los escritorios, en Fonseca una familia vive otra realidad: la incertidumbre. Un soldado guajiro, Alejandro José Ramírez Mejía, permanece desaparecido y, hasta ahora, la información oficial ha sido insuficiente. Su esposa, Ivana Molina, y sus dos pequeños hijos lo esperaban. Habían hecho planes, soñaban con casarse, con construir una vida más allá del uniforme.
Pero, no solo es el drama de este guajiro, son casi 68 los militares que murieron. Unos 30 están en hospitales y clínicas de Bogotá, otros desaparecidos; sus familiares claman por una información. Nadie responde.
Ese contraste —entre el debate político y el drama humano— debería ser suficiente para replantear el rumbo de la discusión pública. Sin embargo, en medio del luto nacional, el tema ha sido rápidamente capturado por sectores políticos que buscan posicionar narrativas convenientes. Desde el Gobierno se insinúan responsabilidades heredadas, mientras que desde la oposición se habla de abandono y negligencia actual.
El país no necesita un cruce de culpas, sino respuestas técnicas, independientes y verificables. ¿Se cumplían los estándares internacionales de mantenimiento? ¿Existían alertas previas sobre la aeronave? ¿Se priorizó adecuadamente la inversión en modernización de la flota? Estas son las preguntas que deben guiar la discusión, no los cálculos electorales.
También es momento de reconocer una verdad incómoda: la inversión en defensa, particularmente en transporte aéreo militar, ha sido históricamente postergada o politizada. Colombia, con su compleja geografía, depende de estas aeronaves para misiones humanitarias, logísticas y de seguridad. Detrás de cada vuelo no hay solo cifras ni equipos: hay vidas, familias, historias como la que hoy mantiene en vilo a una familia guajira.
La tragedia no puede convertirse en una cortina de humo. Si el país quiere honrar a las víctimas y responderle a quienes aún esperan respuestas, debe exigir transparencia total en la investigación y, sobre todo, compromisos reales para garantizar que hechos similares no se repitan. Lo contrario sería aceptar que, además de perder vidas, seguimos perdiendo la capacidad de aprender de nuestros propios errores.