Durante los meses de agosto y septiembre estuvimos opinando sobre la realidad financiera del Departamento e indicándole a la administración de Nemesio Roys, que le quedaban tres caminos: seguir con el trapecismo financiero, poner a consideración de la Asamblea un nuevo paquete tributario, o someterse al acuerdo de restructuración de pasivos conocido como Ley de quiebra o Ley 550.
Hoy aplaudimos la decisión política que tomó el gobernador y las facultades otorgadas por la Duma departamental en autorizar al mandatario de los guajiros para que implemente la Ley 550, permitiéndole saldar todas las obligaciones y acabar con el círculo vicioso de los embargos que mantiene frenada las inversiones en el Departamento.
Promover, negociar y celebrar un acuerdo de reestructuración de pasivos en los términos de la Ley 550 de 1999, es una decisión bien pensada por parte del equipo de Nemesio Roys y refrendada por la Asamblea, hecho de responsabilidad política que le permite a la Gobernación sincronizar los espacios perdidos en su autonomía política, financiera y administrativa.
La llegada de Nemesio Roys al Palacio de La Marina es hasta el momento lo mejor que le ha podido suceder al Departamento desde el primero de enero del presente año, principalmente porque veníamos de una inestabilidad política, administrativa y financiera. Solucionándose las dos primeras y encaminando su gobierno en subsanar las brechas financieras que dejaron los pasados mandatos, podemos tener un ente viable financieramente.
Decidimos proponer y apoyar el sometimiento, la intervención del Ministerio de Hacienda, porque entendíamos que el gobernador carecía de la capacidad de ejecución del presupuesto y esas falencias son las que mantienen frenadas las inversiones en nuestra región. La misma que atenta con el concepto de ordenador del gasto, sobre todo porque el mandatario de turno había perdido la autonomía financiera. Dicho de otra forma, aún las finanzas de la Gobernación no están en cabeza del gobernador, especialmente de los sectores intervenidos de educación, agua potable y salud, quienes están a decisión del Gobierno nacional; de los acreedores del Departamento, y por último a consideración de los despachos judiciales y entidades bancarias, que ordenan y cumplen con los embargos.
Después de una década, La Guajira ha recobrado la independencia política, voluntad que habíamos perdido ante la injerencia del centralismo bogotano e igualmente estamos en el restablecimiento administrativo producto de los constantes cambios de mandatarios seccionales y ahora con la reestructuración de pasivos, el Departamento se encamina a la autonomía financiera. Sincronizando estos elementos por parte de Nemesio Roys, podemos contar en el futuro con una Gobernación financieramente viable y creíble para los demás entes y sus futuros acreedores.
