Lo que debería ser un ejercicio de complementariedad programática y visión de país termina siendo, en muchos casos, una jugada táctica para sumar votos, equilibrar regiones o enviar mensajes simbólicos a determinados sectores del electorado. Eso está ocurriendo en Colombia, con la escogencia de fórmulas vicepresidenciales.
Históricamente, la vicepresidencia en Colombia ha transitado entre dos extremos: la irrelevancia política o el protagonismo ocasional en momentos de crisis. Aunque la Constitución de 1991 le dio un papel institucional claro, la realidad demuestra que el cargo suele responder más a acuerdos políticos que a una verdadera estrategia de Gobierno. Las elecciones de 2026 parecen repetir ese patrón.
Las primeras fórmulas anunciadas reflejan esa lógica. Más que una discusión profunda sobre el rumbo económico, social o territorial del país, lo que se observa es un cálculo electoral minucioso: sumar votos urbanos, atraer sectores técnicos, enviar señales a regiones históricamente marginadas, tal como ocurrió con Francia Márquez, a quien utilizaron y luego le aplicaron el famoso shu shu shu.
Pero mientras en Bogotá se mueven las fichas del ajedrez político, en las regiones las expectativas son otras. Departamentos como La Guajira, el Chocó, el Cauca, la Amazonía o los territorios de frontera esperan que las fórmulas vicepresidenciales representen algo más que una estrategia electoral. Aspiran a que quienes lleguen a la Casa de Nariño comprendan las profundas brechas territoriales que siguen marcando el desarrollo del país.
Para las regiones, el debate no gira únicamente en torno a quién gana las elecciones, sino a qué tanto las decisiones del poder central se traducen en infraestructura, inversión social, seguridad y oportunidades económicas
En ese contexto, la elección de un vicepresidente podría tener un significado mucho más profundo: convertirse en un puente real entre el Gobierno nacional y los territorios. No se trata solo de representar una región en la fórmula, sino de entender sus problemáticas estructurales y convertirlas en políticas públicas.
La ciudadanía también parece observar con mayor atención estas decisiones. En un escenario político fragmentado y con altos niveles de desconfianza hacia las instituciones, las fórmulas vicepresidenciales podrían convertirse en un factor determinante para inclinar la balanza electoral. No solo por el peso político de quien acompaña al candidato, sino por el mensaje que transmite sobre el tipo de Gobierno que se pretende construir.
Las fórmulas presidenciales de 2026, más que un trámite político, deberían convertirse en una declaración de intenciones sobre el país que se quiere gobernar. Y en esa declaración, las regiones esperan algo más que promesas: esperan, por fin, ser parte real del proyecto nacional.
El caso de Francia Márquez, debería ser un modelo de análisis profundo, sobre el verdadero papel constitucional que juega esta figura. ¡Que no se repita con Aida Quilcué!