Editorial Diario del Norte
Editorial

Contaminación ambiental

Un verdadero drama viven las familias de las comunidades de Cabritos, Manantial, La Loma y Santa Clara 1 y 2, ubicadas en la parte posterior del botadero a…

Un verdadero drama viven las familias de las comunidades de Cabritos, Manantial, La Loma y Santa Clara 1 y 2, ubicadas en la parte posterior del botadero a cielo abierto en la ciudad de Riohacha, por las afectaciones ambientales derivadas de la operación de la celda transitoria del sitio de disposición de residuos.

La situación es bastante delicada, toda vez que los habitantes de esos sectores conviven en medio de cualquier cantidad y tipo de basuras, y olores desagradables debido al inadecuado vertimiento de lixiviados.

El tema es bastante complejo, pero preocupa cómo las autoridades no atendieron a tiempo la situación, para evitar las afectaciones a unas personas que requieren vivir dignamente.

El escenario evidencia la urgente necesidad que la actual administración actúe de manera rápida,  y ejerza el debido control para que exija al operador del servicio de aseo a que adelanten las acciones que sean necesarias para minimizar las causas que dieron origen a tan absurda situación.

De acuerdo a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, el  inadecuado vertimiento de lixiviados, formación de botadero a cielo abierto sin impermeabilización y sobre el suelo desnudo, presencia de residuos volantes en las comunidades y la falta de instalación de quemadores para el manejo y control de gases en chimeneas, son algunas de las afectaciones ambientales evidentes que originaron  el proceso sancionatorio ambiental contra el Distrito y la empresa Interaseo.

Es decir, le corresponde al Distrito actuar de manera rápida, para en un corto plazo garantizar a las familias afectadas el goce de un ambiente sano, pero también para que exija a la empresa de aseo brindar un servicio eficiente a la comunidad, quienes religiosamente cada mes lo pagan en la factura de energía eléctrica.

De acuerdo con el artículo 311 de la Constitución Política, es responsabilidad de los entes territoriales asegurar y supervisar la prestación del servicio público y el manejo de los residuos sólidos, directamente o a través de terceros, así como financiar proyectos de interés en lo relacionado con la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de los servicios públicos.

Adicionalmente, es necesario que la administración distrital empiece a buscar alternativas para que la ciudad cuente con su relleno sanitario que garantice el desarrollo de las actividades de tratamiento y disposición final de residuos, como también trabaje en el proceso complementario de reciclaje y compostaje de residuos orgánicos y aprovechamiento para la generación de energía, como lo establece el decreto 1784 de 2017.