La madrugada del 26 de marzo, se enmarca dentro de los amaneceres negros, que durante los últimos tres años ha tenido la empresa minera Cerrejón. Dos hombres en una motocicleta detonaron una carga explosiva contra una garita, en el puesto de control en la vía privada La Mina – Maicao- Cuatro Vías.
Esta seguidilla de ataques contra la empresa Cerrejón no puede seguir analizándose como hechos aislados. En los últimos tres años, la infraestructura férrea, las vías de acceso y ahora puntos estratégicos de operación han sido blanco de acciones que, por su frecuencia y nivel de impacto, plantean una pregunta inevitable: ¿estamos frente a un plan sistemático o ante la incapacidad del Estado para garantizar seguridad en una de las zonas más estratégicas del país?
La situación no es menor. Cerrejón no solo es una operación minera; es el principal generador de ingresos de La Guajira y uno de los pilares de la minería colombiana. Sin embargo, el contexto actual combina factores preocupantes: ataques reiterados, tensiones jurídicas, incertidumbre laboral y una realidad triste e innegable.
El mensaje que se está enviando es devastador. Mientras la empresa reduce su presencia, la región enfrenta un deterioro progresivo en materia de seguridad. Los ganaderos denuncian abigeato sistemático, con escenas cada vez más violentas como el descuartizamiento de animales en sus propias fincas. Las carreteras se han convertido en corredores de riesgo, donde los asaltos son cada vez más frecuentes. Y el turismo, una de las apuestas naturales de diversificación económica para La Guajira, pierde atractivo ante la percepción de inseguridad.
Lo más preocupante es la sensación de abandono. No hay una respuesta contundente ni sostenida del Estado frente a estos fenómenos. La defensa de la infraestructura estratégica parece débil, y los sectores productivos sienten que están enfrentando solos una crisis que debería ser prioridad nacional.
En este contexto, el pronunciamiento de la presidenta de Cerrejón, Claudia Bejarano, cobra especial relevancia. Sus palabras reflejan la preocupación de una empresa que, más allá de sus intereses, ha sido motor económico de toda una región. La incertidumbre no solo afecta a la compañía, sino a miles de familias que dependen directa e indirectamente de su operación.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿qué futuro le espera a La Guajira? Si la principal fuente de ingresos se debilita, si el campo está bajo amenaza, si las vías no son seguras y si el turismo no despega, el panorama es alarmante.
No se trata de defender a ultranza a una empresa, sino de entender que detrás de ella hay estabilidad económica, empleo y desarrollo. La Guajira no puede entrar en una espiral de abandono, que agudiza más la brecha de pobreza, frente al resto de regiones del país.