No hay dudas, el Estado colombiano tiene una deuda social con los territorios periféricos del país, en donde regiones como La Guajira están sufriendo los graves efectos colaterales del abandono.
Esa, quizás fue una de las razones para que la Corte emanara la Sentencia T-302 y otras herramientas jurídicas que buscan frenar a través del derecho, el olvido que se ha tenido con estas regiones.
Un olvido que se ha transformado en desnutrición, hambre, muerte, analfabetismo, ausencia de los servicios básicos necesarios para poder tener una buena calidad de vida.
Hoy, vivir en La Guajira tiene unos sobrecostos que prácticamente son insostenibles para los pobladores. Tenemos unos indicadores adversos, con las tasas más altas de desempleo, la pobreza monetaria más elevada, la educación con mayores deficiencias, la infraestructura hospitalaria con la menor tecnología para atender a sus usuarios.
A lo anterior se agrega que la gasolina más costosa del país se paga en La Guajira; la gente cada mes debe elegir entre pagar los servicios públicos o comer un alimento al día.
Es por ello que la población se ve abocada a las protestas diarias, convirtiendo al Departamento en una zona inviable para los inversionistas del futuro.
Los efectos colaterales del abandono y la subcultura ancestral que venimos arrastrando, parece que quieren acabar con la única gallinita de oro que nos queda: la industria minera.
Nos somos defensores de nadie, pero es hora de pensar seriamente lo que va a ocurrir en este territorio cuando por terminación de contrato, la empresa Cerrejón deba abandonar sus zonas de explotación en La Guajira. Por lo menos 10 mil trabajadores que de forma directa y otros con empresas tercerizadas, están vinculadas a la industria extractiva.
Pero no solo son los trabajadores quienes reciben los beneficios de la minería, también los comerciantes, el transporte independiente. En este Departamento casi todo lo que se mueve tiene que ver con regalías que se perciben de forma directa los entes territoriales.
Cerrejón es la única industria fuerte que genera empleos en la región, pero es la más afectada por la serie de bloqueos a la red férrea, a las carreteras, y a las puertas de sus instalaciones.
Cada protesta social con cierres de vías y sede de entidades públicas y empresas privadas, es como hacernos el harakiri, en donde el país poco se afecta, pero quienes sufrimos somos los habitantes del territorio.
Debemos conciliar mediante el uso de la palabra para lograr acuerdos que faciliten los procesos de desarrollo de la región.
Lamentablemente hemos convertido a La Guajira en zona de baja viabilidad para los grandes proyectos energéticos, turísticos, portuarios y de intercambio fronterizo, por una posición visceral e individual que nos está acabando.