El llamado de la Procuraduría General de la Nación por la muerte de niños wayuú en La Guajira, coincidió con la inspección judicial de los magistrados de la Corte Constitucional, el pasado viernes, quienes recorrieron comunidades de Manaure y Uribia, para verificar en terreno los avances de la Sentencia T-302 de 2017, donde se ordena al Gobierno nacional y gobiernos locales proteger a los menores.
Los magistrados que participaron de la inspección judicial confrontaron a la comunidad con los funcionarios y expertos para verificar en el terreno el trabajo realizado alrededor del fallo de la Sentencia T-302.
Al tiempo, la Procuraduría General de la Nación pidió a los ministros de Salud, de Agricultura y al superintendente Nacional de Salud, tomar medidas urgentes para enfrentar el incremento de casos de muertes asociadas a la desnutrición de niños y niñas menores de 5 años.
De acuerdo con la Sentencia, es al Gobierno nacional a quien le corresponde liderar todas las acciones para que se le dé estricto cumplimiento al fallo por parte de los involucrados desde los Ministerios, así como la Gobernación de La Guajira, el Distrito de Riohacha y los municipios de Uribia, Maicao y Manaure, quienes han fallado en ese procedimiento porque no han logrado entender las dinámicas en que se mueven las comunidades indígenas desde lo diferencial para encontrar ese camino que de la mano lleve a garantizar la vida de los niños, niñas y adolescentes wayuú.
Si las entidades del Gobierno nacional, el gobierno departamental y las alcaldías, siguen trabajando cada una por su lado, será muy difícil evitar que los menores wayuú sigan sufriendo por factores asociados por desnutrición.
Las cifras de la Veeduría Ciudadana a la Sentencia confirman que entre los años 2018 y el 2020, 284 niños wayuú murieron por desnutrición, y en lo que va del 2021, han fallecido 18.
En su oportunidad, Ruth Chaparro, miembro de la Veeduría, expresó que “la vida de los niños wayuú con desnutrición en La Guajira está en manos de todos los responsables del cumplimiento de la Sentencia”.
La situación es tan delicada y compleja, que por ejemplo la Defensoría del Pueblo, en su informe defensorial, confirmó que La Guajira es el segundo departamento en Colombia que presenta el mayor número de casos con desnutrición.
Para la Defensoría del Pueblo, la desnutrición infantil es uno de los mayores problemas para la primera infancia en Colombia, e incide negativamente en las posibilidades de construir un país con bases sociales, económicas y culturales sólidas.
Dejusticia
Organizaciones no gubernamentales, también muestran su preocupación porque en La Guajira, no se garantiza la vida de los niños wayuú, muy a pesar del fallo de una sentencia que se sigue incumpliendo en el tiempo.
Mauricio Albarracín, subdirector del Centro de Estudios de Derecho, Justicias y Sociedad –Dejusticia–, solicitó que se declaré el incumplimiento de la Sentencia, particularmente por parte de la Presidencia de la República, al tiempo que se ordene al jefe de Estado reconocer las fallas para cumplir lo dicho por la Corte.
Añadió que la implementación de la Sentencia ni siquiera ha iniciado. “Si este fuera un vehículo, diríamos que ni siquiera ha arrancado”.
Agregó que es evidente las fallas para el cumplimiento de la Sentencia, como la falta de creación y puesta en marcha del mecanismo especial de seguimiento, la falta de diálogo genuino con las comunidades, la ausencia de datos cualitativos y cuantitativos para analizar las políticas públicas implementadas por el Estado, y la falta de acción del Tribunal y la Procuraduría.
Para Dejusticia, es indispensable hacer audiencias en todo el territorio wayuú, para recibir información directamente, como también crear indicadores de seguimiento para evaluar la actuación del Tribunal Superior de Riohacha.
Procuraduría General
La Procuraduría General de la Nación pidió a los ministros de Salud, de Agricultura y al superintendente Nacional de Salud, tomar medidas urgentes para enfrentar el incremento de casos de muertes asociadas a la desnutrición de niños y niñas menores de 5 años.
El más reciente informe del Instituto Nacional de Salud expuso que este año se han notificado 133 muertes de niñas y niños, de las cuales se han confirmado 104, cifra que a tres meses de finalizar el año, ya supera lo reportado en el 2020.
Siguiendo directrices de la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, desde la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, se pidió a los gobernadores de estos entes territoriales un reporte sobre las acciones a emprender para contrarrestar efectivamente las cifras que se están presentando, prevenir su ocurrencia y superar las brechas existentes.
A juicio del ente de control, es preocupante que exista “un aumento progresivo de muertes por y asociadas a la desnutrición en niños y niñas menores de cinco años, de conformidad con los reportes epidemiológicos remitidos a esta Procuraduría Delegada por parte del INS”.
Agregó que es necesario priorizar esta temática en la agenda de las gobernaciones y replantear estrategias para evitar vulneración de derechos.
“Los problemas nutricionales en la población colombiana están afectando la vida, la salud y la integridad de los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes y sus familias, grupo poblacional por el que debemos velar para que se le garanticen los derechos humanos y su protección integral”, recalcó el órgano de control.
La Procuraduría General de la Nación hará seguimiento permanente con los procuradores judiciales de familia a los indicadores que las entidades territoriales tienen a cargo y que se relacionen con una adecuada nutrición de la niñez, entre ellos, la tasa de mortalidad infantil y porcentajes de nacidos vivos con bajo peso y de retraso en talla en menores de cinco años.
