La construcción de la nueva cárcel del Distrito de Riohacha sigue levantando la inconformidad de las familias wayuú de la comunidad indígena La Ceibita Macedonia, por lo que consideran graves violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas a la vida, al territorio, al medio ambiente, a la autonomía territorial y libre determinación de los pueblos indígenas y por supuesto al consentimiento previo libre e informado, a pesar de que el Ministerio del Interior, informó que no es procedente la realización de consulta previa.
En su momento, el Ministerio del Interior, reafirmó que no es necesaria la consulta previa solicitada por las comunidades indígenas para la construcción de la nueva cárcel judicial en el Distrito de Riohacha.
Indicaron que la metodología utilizada en el proceso de verificación se basó en un enfoque geográfico y antropológico en campo, realizando observación directa no participante, toma de coordenadas y entrevistas semiestructuradas, tanto a las comunidades objeto de la visita como a los ejecutores del proyecto.
El Ministerio, precisó que no se evidenció una coincidencia de los contextos del proyecto y de las comunidades étnicas visitadas, ni se identificaron dinámicas territoriales o prácticas de los grupos étnicos que pueden verse posiblemente afectadas directamente por la ejecución de las actividades del proyecto.
Esa decisión del Ministerio del Interior, generó entonces, que la autoridad tradicional de la comunidad La Ceibita Macedona, Yeisis Alexandra Iguarán Ballesteros, Yasmira Mercedes Iguarán Ballesteros, docente de la comunidad y el señor Israel Ballesteros Castro sabedor ancestral, se declararan en huelga de hambre, en representación de las comunidades wayuú que vienen siendo desplazadas forzosamente de sus territorios ancestrales, para darle viabilidad a la construcción de la cárcel de mediana seguridad de Riohacha.
En un documento a la opinión pública, expresan que la protesta es legítima y en derecho.
Advierten, que el estado colombiano, en cabeza del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Inpec, Gobernación de La Guajira y la Alcaldía Distrital de Riohacha, les han vulnerado sus derechos.
“Esta manifestación legítima procede, luego de agotar todas las instancias administrativas y judiciales de reclamación y reivindicación de derecho, conllevando a que las personas arriba relacionadas se declaren en huelga de hambre como una herramienta de lucha no violenta y una herramienta legítima de protesta social en donde deciden de forma voluntaria y autónoma ofrendar si es posible sus vidas si no se respetan y reivindican los derechos fundamentales invocados”, se indica en el comunicado.
Explican que una de las vías agotadas fue la acción de tutela, en donde el Tribunal Contencioso Administrativo de Riohacha, en segunda instancia, determina que el proceso de consulta previa se inició con la visita de verificación adelantada por la Subdirección Técnica de la Autoridad Nacional de consulta previa del Ministerio del Interior y que este tribunal en el fallo de segunda instancia, reconoció que la comunidad La Ceibita Macedonia sería impactada por la ejecución del proyecto y les ordenó a los accionados establecer un diálogo intercultural con la comunidad accionante.
Pero el diálogo nunca se surtió, excepto la resolución arbitraria que emanara el Ministerio del Interior manifestando que la consulta previa no procedía, desconociendo a la comunidad y por ende los impactos sociales, culturales, espirituales, que podrían desencadenar en un desplazamiento forzoso de los miembros de la comunidad y posible exterminio de los mismos en concordancia con el Auto 004.
Por lo tanto, procedería la reubicación o reasentamiento de la comunidad de conformidad con los multiples fallos emitidos por las altas cortes, las cuales me permito citar la Sentencia T-129/2011, SU-217/2017 y SU-123/2018.
Pliego de peticiones
Tres puntos contiene el pliego de peticiones que la comunidad de La Ceibita-Macedonia busca dialogar para levantar la protesta, como que se ordene a quien corresponda, la revisión y verificación de la visita adelantada el 4 de octubre del 2011 por la Subdirección Técnica de la Dancp del Ministerio del Interior.
Además, que se revise el alcance de la Sentencia Referenciada con el número 44-001-33-40- 002-2021-00144-01 en su ratio decidendi y su parte resolutiva, toda vez que ha sido interpretada a conveniencia de los intereses de la empresa constructora lo que ha conllevado a las graves vulneraciones de derecho de una comunidad indígena sujeta de especial protección constitucional.
También, que se coordine el acompañamiento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, así como la presencia y acompañamiento de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos.
Precisan, que las peticiones deberán desarrollarse en una mesa diálogo instalada bajo la coordinación de la Alcaldía Distrital de Riohacha, en donde deberá estar presente el Ministro del Interior o en su defecto el señor Viceministro y en consecuencia todas las instituciones nacionales, departamentales y distritales de control.
Advierten, que las mujeres y ancianos que en nombre y representación de su comunidad indígena se encuentran en huelga de hambre, están dispuestos a llegar hasta las últimas instancias y si es posible, ofrendar sus vidas por el respeto y reivindicación de sus derechos y cualquier desenlace fatal en la vida de los huelguistas que hacen parte de una comunidad indígena sujeta de especial protección constitucional.
“Será única y exclusiva responsabilidad del estado colombiano en cabeza del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Inpec, Gobernación de La Guajira y la Alcaldía Distrital de Riohacha y sobre todo de la Personería Distrital que en clara omisión a sus funciones legales y constitucionales es parte activa de los intereses particulares y económicos de la empresa constructora del proyecto de la cárcel”, indican en el comunicado de prensa.
