La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exalcalde de Manaure, Davis Díaz Rivera, y a la exsecretaria de Salud, Angélica Manotas Moscote; por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.
La decisión del ente investigador obedece a supuestas irregularidades en un contrato con la IPS Sol Wayúu con el objetivo de brindar atención a 2.000 familias de la etnia wayuu afectadas por los efectos de la sequía que afectaba a ese territorio en 2015; sin embargo, la mayoría de la población nativa no fue beneficiada.
Según la investigación adelantada, el contrato, que tenía un valor de $8.000 millones, pretendía ayudar a niños, madres gestantes y mujeres de comunidades indígenas, con la entrega de kits alimenticios, agua potable, atención en salud y medicamentos, así como un componente informativo, en un término de 5 meses.
Los elementos recaudados por el grupo de investigadores advierten que se habrían violado los principios de transparencia, selección objetiva y planeación. Entre las irregularidades más significativas esta la definición de un contratista con antelación; que la IPS Sol Wayúu no contaba con la capacidad para ejecutar el contrato por lo que utilizó los servicios de terceras empresas por el 65% de las actividades desarrolladas (compra de mercados, agua, logística, transporte y elaboración de folletos).
Además, la IPS no tenía la autorización de la Secretaría de Salud (la misma entidad contratante) para ejecutar actividades en zonas rurales de carácter médico en relación con pediatría, ginecología, nutrición y servicios farmacéuticos.
Para asegurar su actividad ilícita, los hoy imputados al parecer contrataron una nómina exagerada de funcionarios y médicos. En algunos casos, se habrían facturado sueldos de especialistas por $58 millones mensuales, pero estos profesionales nunca visitaron las rancherías.
También se evidenció que presuntamente se dejaron de comprar 209.000 litros de agua potable y 6.000 latas de suplemento alimenticio; no se hizo entrega de medicamentos; el sobrecosto de insumos habría alcanzado el 600%; y que se facturó la contratación de traductores de lengua wayuunaiki, pero esta labor al parecer la ejecutaron conductores o enfermeras.
En total, con dichas irregularidades, los investigados habrían causado un detrimento patrimonial por una cuantía de $2.839 millones.
Se presume que, entre julio y diciembre de 2015, tiempo de ejecución del contrato, Díaz Rivera recibió al menos $1.980 millones y la señora Manotas Monsalve aparentemente accedió a dádivas por $230 millones.
*Con información de la Fiscalía General de la Nación
