El camino hacia la reducción de las tarifas de energía en Colombia, especialmente en la región Caribe, ha enfrentado múltiples obstáculos. Desde las propuestas del Gobierno nacional para asumir el costo de la opción tarifaria, uno de los factores que más encarece las facturas, hasta la expedición de resoluciones regulatorias, los esfuerzos por aliviar la carga económica de los usuarios siguen en desarrollo.
El Heraldo entrevistó a expertos en temas energéticos para analizar el alcance de esta resolución y los posibles beneficios para los usuarios del servicio eléctrico, especialmente en la región Caribe.
De acuerdo con Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, una nueva resolución que busca disminuir el componente de comercialización entre un 33 % y un 45 % podría beneficiar directamente a los consumidores al reducir la tarifa final. Sin embargo, Acosta advirtió que es esencial actuar con cautela. “Pero se debe ser cuidadoso y prudente por parte de la Creg, dado que si se le va la mano puede comprometer la viabilidad de las empresas que prestan el servicio y poniendo en riesgo la prestación del servicio en perjuicio del usuario final, que debe estar en el centro”, explicó.
El exministro recordó que la Ley 142 de 1994 establece que las tarifas deben garantizar tanto la suficiencia financiera de las empresas como la eficiencia de los costos para los usuarios, evitando que las ineficiencias de los operadores se trasladen a las facturas.
Por su parte, Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía, expresó preocupación por el retraso en la actualización de esta regulación. Explicó que la normativa actual, con más de 10 años de vigencia, supera el periodo de revisión de cinco años contemplado por la ley, lo que genera incertidumbre tanto para las empresas como para los usuarios. Fonseca enfatizó la necesidad de implementar de manera simultánea todas las fórmulas tarifarias para garantizar una reducción real y consistente.
Además, destacó que el modelo actual recompensa ineficiencias, como el incremento de pérdidas o dificultades en el recaudo. «Se deberían incentivar las mejoras en la gestión, reconociendo los avances en reducción de pérdidas y eficiencia en el recaudo, para que el sistema sea más equilibrado y justo», afirmó.
La resolución en consulta sigue generando debate sobre su implementación y posibles efectos, mientras los usuarios del Caribe esperan soluciones que les permitan enfrentar las elevadas tarifas de energía sin comprometer la calidad del servicio.
