La Procuraduría General de la Nación pidió a la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR E.S.P.) suspender de manera temporal el proceso contractual para la construcción de las plantas desalinizadoras, iniciativa destinada a fortalecer el abastecimiento de agua potable en la capital del Magdalena y cuyo presupuesto supera los 786 mil millones de pesos.
Como parte de la vigilancia preventiva que adelanta el organismo de control, se solicitó a la empresa entregar toda la documentación técnica, jurídica, financiera y contractual relacionada con la estructuración del proyecto. Entre la información requerida figuran los estudios y documentos previos, diseños, análisis del sector, estudios de mercado, requisitos habilitantes, fuentes de financiación y demás soportes que sustentan la contratación.
La Procuraduría explicó que esta medida preventiva busca evitar posibles riesgos para la contratación pública y garantizar que el proceso se desarrolle conforme a los principios de legalidad, transparencia, planeación, selección objetiva, economía y protección del patrimonio público.
La actuación del Ministerio Público se originó tras una solicitud presentada por el equipo del gobierno entrante de Santa Marta, que advirtió presuntas inconsistencias en la estructuración del proceso de selección del contratista, relacionadas con el cumplimiento de los requisitos mínimos y otros aspectos que podrían comprometer la transparencia y legalidad de la contratación.
