La Procuraduría General de la Nación requirió a las mesas directivas y oficinas de control interno de la Asamblea Departamental del Cesar y del Concejo Municipal de Valledupar información detallada sobre los procesos de elección de los contralores departamental y municipal.
El Ministerio Público recordó a las corporaciones de elección popular que estos procedimientos deben ajustarse a lo dispuesto en la Resolución 728 de 2019, que fija plazos y lineamientos para la elaboración de los cronogramas y la apertura de las convocatorias conforme a los periodos institucionales.
En el marco de su función preventiva, y con el propósito de proteger el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos fundamentales, la Procuraduría solicitó documentos relacionados con la contratación de la institución educativa (pública o privada) que adelantará el proceso, así como los certificados de disponibilidad presupuestal, las convocatorias realizadas y el estado actual de la selección.
Adicionalmente, ordenó que tanto la Asamblea como el Concejo entreguen un informe mensual, dentro de los primeros cinco días de cada mes, en el que se detallen las actividades adelantadas según su competencia en el marco de estos procesos.
La Procuraduría reiteró que mantendrá la vigilancia preventiva sobre el cumplimiento de las directivas vigentes, entre ellas la Directiva 010 de 2025 emitida por el Procurador General de la Nación, que establece pautas claras para la escogencia de contralores y demás servidores públicos en el departamento del Cesar.
