La Procuraduría General de la Nación emitió hoy una alerta contundente sobre el incumplimiento de la sentencia que ordena la restauración ecológica de la Bahía de Cartagena y envió un informe al Tribunal Administrativo de Bolívar.
El ente de control subrayó en el documento radicado que, a pesar de las expectativas iniciales, los avances hasta la fecha son sumamente deficientes y podrían poner en grave riesgo el cumplimiento de los plazos establecidos en el Plan de Acción descrito en la Resolución No. 0848 de fecha 5 de agosto de 2022, “por medio de la cual se adopta el Plan Maestro de Restauración Ecológica para la Bahía de Cartagena”.
«Se esperaba que en la presente vigencia, las entidades obligadas obtuvieran la mayoría de los estudios, identificación de línea base e insumos, para que desde el año 2025 se adelantaran acciones de restablecimiento en la Bahía, además de acciones de control y vigilancia efectivos, pero de conformidad con los avances reportados, esto no parece factible.» refiere el informe.
Precisó la Procuraduría que El Plan Maestro de Restauración Ecológica, adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el distrito de Cartagena, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA Cartagena) y la DIMAR, ha mostrado un progreso marginal en su implementación.
El informe también denuncia la falta de claridad en la asignación de responsabilidades entre las entidades involucradas, lo que ha dado lugar a una multiplicidad de acciones desarticuladas, fragmentando la ejecución del Plan de Restauración y obstaculizando su avance en efectivo. Así mismo, destacó la necesidad de coordinación por parte del distrito de Cartagena, para la eficacia de las medidas necesarias para restaurar el ecosistema de la bahía.
Finalmente, instó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a definir con urgencia los recursos necesarios para llevar a cabo el Plan Maestro, ya que actualmente no existe una normativa técnica que regule la equivalencia de los resultados compensatorios que se requieren para cumplir con lo ordenado por la sentencia judicial.
