El Consejo de Estado, mediante fallo del pasado 19 de marzo, tomó una decisión que le ahorró al departamento el pago de $28 mil millones que pretendía reclamar el consorcio Ribera Este, contratista de la polémica Vía de la Prosperidad.
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Es de mencionar que los contratistas habían acudido a esta demanda después de que, en el año 2017, un tribunal de arbitramento hubiera resuelto una demanda en la que pedían el pago de 33 mil millones de pesos argumentando que se había dado un desequilibrio económico en el sonado contrato que se adjudicó durante la administración del entonces gobernador Luis Miguel Cotes.
En aquel entonces, a dicho consorcio solo le reconocieron un pago de 3.700 millones, de los 33 mil millones a los que aspiraba.
No contentos con esto, fue que el Consorcio acudió entonces hasta la última instancia del Consejo de Estado, que fue el que le negó esta pretensión.
La Vía de la Prosperidad, que en un primer momento se contempló entre Palermo (Sitionuevo) hasta Guáimaro (Salamina), finalmente se redujo de más de 50 kilómetros a 18 kilómetros asfaltados, por cuenta de irregularidades en los diseños que no contemplaron las crecientes del río Magdalena, por lo que los contratistas tuvieron que hacer cambios en la vía y elevarla hasta 5 metros de terraplén, lo que elevó los costos y redujo notablemente la construcción de la vía.
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Ante esto, se abrieron procesos disciplinarios contra los exgobernadores del Magdalena Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes.