La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas que serían integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Dinos Duros’, investigada por su presunta participación en robos y hechos de violencia sexual ocurridos en la vía que comunica a Cartagena con la isla de Barú, en Bolívar. La investigación, adelantada con apoyo de la Dijin de la Policía Nacional, relaciona a los procesados con al menos dos hechos registrados el 22 de febrero y el 3 de marzo de 2025, en jurisdicción del corregimiento de Pasacaballos.
De acuerdo con los elementos recopilados durante las investigaciones, en ambos casos ocho personas habrían sido interceptadas mientras se movilizaban en sus vehículos. Los presuntos delincuentes las habrían obligado a descender mediante agresiones físicas y posteriormente las trasladaron hacia zonas boscosas, donde las habrían intimidado con armas de fuego y elementos cortopunzantes. En estos lugares, las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias y, presuntamente, obligadas a realizar transferencias de dinero mediante entidades bancarias.
La Fiscalía señaló además que tres de las víctimas, todas mujeres, habrían sido sometidas a diferentes formas de violencia sexual, entre ellas tocamientos. Después de los ataques, las personas afectadas presuntamente fueron abandonadas amordazadas y sin ropa.
Las labores de investigación permitieron identificar a seis personas que serían integrantes de la estructura, conocidas con los alias de ‘Guavino’, ‘Rafa’, ‘Pea’, ‘Pipeta’ y ‘Bogar’. Una fiscal les imputó, de acuerdo con la presunta responsabilidad individual de cada procesado, los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales violentos y hurto calificado, todos agravados. También fueron acusados de concierto para delinquir y de conductas relacionadas con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones, además de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Los seis procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó que fueran enviados a un centro carcelario bajo medida de aseguramiento mientras continúa el proceso judicial para determinar su responsabilidad en los hechos investigados.
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