Elementos materiales probatorios presentados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Cesar Augusto Espitia García, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión.
Los hechos ocurrieron desde diciembre de 2024, cuando a un comerciante en el barrio San Pedro de Cartagena (Bolívar), le hicieron exigencias económicas cercanas a los 30 millones de pesos, para no atentar contra su integridad y la de sus familiares.
Al parecer, las extorsiones eran realizadas a través de mensajes de texto, donde le enviaban a la víctima fotografías de su establecimiento comercial, de su residencia y de los familiares, a quienes declararían objetivo militar, si no accedía a las pretensiones.
Espitia García fue capturado por uniformados del Gaula de la Policía Nacional, en medio de una entrega coordinada donde recibiría un pago anticipado de 2 millones de pesos.
En las audiencias concentradas, el procesado no aceptó su responsabilidad en el delito imputado por la Fiscalía.
