La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) notificó con pertinencia étnica y cultural haber asumido conocimiento de la Resolución de Conclusiones No. 3 a las víctimas del Consejo Comunitario José Prudencio Padilla y a la familia de Nelson Enrique Romo Romero, asesinado el 25 de mayo de 2003 por miembros del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’.
La diligencia se llevó a cabo el 19 de agosto en la Caseta Comunal Nueva Esperanza, en el costado oriental del parque ‘Gregorito Zabaleta’ del corregimiento de Badillo, en el nororiente de Valledupar (Cesar).
La notificación fue liderada por la Sección de Primera Instancia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y sirvió para dar a conocer, publicitar, explicar y socializar esta decisión judicial enmarcada en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03: ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado’, conocidos antiguamente como ‘falsos positivos’.
La respuesta del Estado
“Hemos venido hasta Badillo a notificarles y compartirles nuestras decisiones judiciales. En este espacio de escucha, también valoramos su idiosincrasia. Sus costumbres y tradiciones nos suscitan reflexiones para seguir trabajando por la justicia prospectiva», expresó el magistrado Camilo Suárez, presidente de la Sección de Reconocimiento.
“La notificación con pertinencia étnica y cultural le permite a la magistratura dar a conocer sus decisiones directamente a las autoridades étnicas y las víctimas, en espacios y tiempos acordados en la fase de alistamiento, ello facilita el mutuo conocimiento (JEP – Pueblos Étnicos) y el diálogo intercultural en lo que sigue del proceso judicial», señaló Miriam Liz Andela, magistrada auxiliar del Tribunal para la Paz.
“Agradecemos la valentía de la familia de Nelson Enrique. El ejemplo de ustedes, como comunidad, nos lo llevamos para seguir trabajando en lo que nos corresponda. Esta paz se construye en medio de la incomprensión y, a veces, del miedo. Pero, tengan claro que estar aquí en Badillo, con su historia y su gente, es un motivo más que refrenda nuestro compromiso por las víctimas», indicó el magistrado Juan Ramón Martínez, de la Sección de Reconocimiento, quien presidió la diligencia.
La víctima
Nelson Enrique Romo Romero tenía 30 años cuando fue asesinado en la vereda ‘Los Brasiles’, del municipio de San Diego, a casi 50 kilómetros de su residencia en Badillo, Cesar.
Nelson, a quien en Badillo conocían como ‘El Japonés’, por sus rasgos físicos, era el cuarto de 15 hermanos a los que doña Neftalina Rosa Romero, crió en el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, ejerciendo los roles de madre y padre.
Él trabajaba en labores de albañilería y, eventualmente, en el campo. Su pasatiempo favorito era la pesca y solía zambullirse en el río Badillo para llevar bagre y bocachico a la paila de su casa. Además de velar por sus hijos, también era recordado por ser uno de los principales soportes económicos de su madre.
En 2003, cuando fue asesinado por miembros del Ejército, hizo parte, junto a otras dos personas, del reporte que el Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ presentó ante la opinión pública calificándolos como integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Dos décadas después, el Tribunal para la Paz llegó hasta su hogar para reiterar la inocencia de Nelson, así como la Sala de Reconocimiento de la JEP lo hizo mediante el Auto 128 del 7 de julio de 2021, cuando dio a conocer que 134 personas fueron víctimas de esta práctica en los departamentos de Cesar, La Guajira y Atlántico.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
Tras esta notificación étnica y cultural, que tuvo su primera fase el 5 de agosto ante el Consejo Kusutu Ma-Gende en Barranquilla (Atlántico), la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP realizará una Audiencia de Observaciones a la Resolución de Conclusiones en Valledupar, el 31 de agosto y el 1 de septiembre próximos, para escuchar a las víctimas, los comparecientes y a sus representantes, a las autoridades étnicas indígenas y afrocolombianas, así como el Ministerio Público en el marco del juicio que avanza contra los 12 militares retirados que reconocieron su responsabilidad, en julio de 2022.
En el Caso 03 de la JEP, al menos 2.175 víctimas han sido acreditadas en las seis regiones que priorizó su trabajo judicial, desde 2018. De ellas, 66% se concentró en 10 departamentos de Colombia, entre 2002 y 2008. Hasta el momento, 3.787 integrantes de la fuerza pública se han sometido a la Jurisdicción y han entregado 508 versiones.
