Ejército Nacional, Publio Hernán Mejía, nunca ni por escrito ni de manera verbal ha reconocido su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad por el asesinato de 75 personas en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.
La JEP lo halló como máximo responsable dentro del macro-caso 03 de falsos positivos cuando se desempeñó como comandante del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ de Valledupar entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004.
Ahora es el primer militar en enfrentar un juicio que arranca el 16 de septiembre en Valledupar. La magistrada Reinere Jaramillo explicó que se hace en esta región del país “por considerar que fue en esa territorialidad donde las comunidades indígenas, afros y la población civil vivió las afectaciones, las victimizaciones”.
Previo a este juicio, la JEP recopilará testimonios y más pruebas pedidas por la defensa del coronel retirado Publio Hernán Mejía, por la Procuraduría y por los representantes de las víctimas. Entre ellas, se solicitó al Ministerio de Defensa que entregue los Planes Patriota y Plan Colombia.
Asimismo, los documentos que soporten, o hagan constar, los informes, alertas y advertencias de presuntas violaciones a los derechos humanos en Colombia, remitidas por organismos internacionales, durante el periodo de comandancia en el Batallón ‘La Popa’ del coronel.
Como parte de las pruebas, por solicitud del acusado, también se aceptó como testigos a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.
De ser vencido en juicio, el coronel retirado del Ejército podría pagar 20 años de cárcel y se convertiría en el primer militar juzgado por la JEP dentro del caso de las ejecuciones extrajudiciales conocido en Colombia como los falsos positivos.