El Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) tomó la decisión de cerrar el pabellón de funcionarios públicos en la cárcel El Bosque, ubicada en Barranquilla.
Entre los 14 reclusos afectados por esta medida se encuentran destacadas figuras políticas como el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, y el exjuez Abelardo Andrade.
Según el Inpec, esta acción no responde a una situación especial, sino que se trata de una medida preventiva debido a las numerosas denuncias de privilegios que habrían estado disfrutando estos reclusos. Entre las acusaciones se mencionan salidas no autorizadas del centro de reclusión, organización de fiestas e ingreso de elementos prohibidos, como celulares y botellas de licor.
El coronel Daniel Gutiérrez, comandante del Inpec, manifestó que esta decisión contundente busca evitar situaciones similares a las ocurridas en la cárcel Modelo de Bogotá y señaló que los reclusos serán trasladados a diferentes centros penitenciarios del país, específicamente a La Dorada, Valledupar y La Picota, donde cumplirán sus condenas en condiciones especiales de reclusión.
“Queremos evitar que pase lo que pasó con Matos en Bogotá, por eso van a ser distribuidos a lo largo del país entre La Dorada, Valledupar y la Picota, donde cumplirán las condiciones especiales de reclusión. Es una decisión contundente que se le da cara a todas las situaciones que se han venido presentando”, dijo el coronel Daniel Gutiérrez, comandante del Inpec.
El traslado de los reclusos se llevó a cabo el pasado 26 de mayo bajo estrictas medidas de seguridad para prevenir cualquier riesgo de fuga. Solo dos privados de la libertad, incluyendo a Emilio Tapias, permanecerán en el pabellón de Barranquilla por orden judicial.
El comandante Gutiérrez también informó que se están llevando a cabo investigaciones sobre la conducta de los guardianes del Inpec, así como del director y los subdirectores de la prisión, con el objetivo de determinar si se cometieron irregularidades en la custodia de estos exfuncionarios públicos.
“Estamos revisando si también se tomarán medidas con los funcionarios del establecimiento, pero estamos por ahora iniciando los procesos de recolección información para poder establecer si en efecto, se va a investigar y quiénes y cuánto serían”, puntualizó.
