Un nuevo caso de presunto reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales en el Magdalena ha encendido las alarmas de las autoridades. La denuncia, divulgada por la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar a través de su cuenta en X incluye el testimonio estremecedor de una abuela que asegura que su nieto, un adolescente de 13 años, fue contactado por una estructura ilegal que le ofreció $1.400.000 para unirse a actividades delictivas en la Sierra Nevada de Santa Marta.
La mujer relató en un video (difundido con la voz distorsionada para proteger su identidad) que el menor ya se estaba despidiendo de su familia y prometía regresar en tres meses. La familia, al descubrir las verdaderas intenciones detrás de esa oferta, lo trasladó a un lugar seguro. No obstante, el joven insistía en irse y llegó incluso a contactar a quienes intentaban reclutarlo. La comunidad tuvo que organizarse con palos, piedras y machetes para evitar que lo sacaran por la fuerza.
«Nos armamos con piedras, palos y machetes porque si se lo iban a llevar, ahí hubiese habido un muerto», advirtió la abuela, reflejando el nivel de miedo e indefensión que enfrenta la población en estas zonas.
En diálogo con Seguimiento.co, Norma Vera confirmó que este no es un caso aislado. Solo en las últimas semanas ha recibido al menos 13 denuncias relacionadas con intentos o consumación de reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes, entre los 13 y los 22 años, en Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera y Puebloviejo. La mayoría de las víctimas provienen de sectores empobrecidos, con condiciones de desescolarización y, en algunos casos, problemas de consumo de sustancias psicoactivas.
Las denuncias apuntan a dos estructuras armadas ilegales: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), quienes estarían operando campamentos clandestinos en zonas rurales del departamento. De acuerdo con la defensora, el modus operandi incluye el traslado de los jóvenes a dichos campamentos, donde permanecen en entrenamiento durante un mes antes de ser incorporados de manera definitiva a las filas criminales.
Vera hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Defensoría del Pueblo, a las autoridades de infancia y adolescencia, y al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, para intervenir de manera inmediata en este fenómeno que vulnera gravemente los derechos fundamentales de la niñez en el Magdalena.
«El Estado no puede seguir permitiendo que nuestros niños sean carne de cañón de las estructuras armadas ilegales», concluyó.
