La Fiscalía Seccional Atlántico compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por presuntas irregularidades en un contrato firmado el 25 de febrero de este año, cuando se desempeñaba como agente interventor de la empresa comercializadora de energía Air-e.
La decisión se da luego de que la Procuraduría General abriera una indagación preliminar para establecer si hubo anomalías en la contratación con el consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC), encargado de proveer materiales para la operación de la compañía que presta servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
De acuerdo con la investigación, el cuestionamiento central recae sobre el suministro de un material que en los registros internos, al 31 de agosto de 2024, tenía un valor unitario de 4.890 pesos por metro (sin IVA), pero que fue adquirido posteriormente por 8.350 pesos por metro. La operación, avalada por el contador de la empresa, Juan Pablo Nieto Egea, habría representado un presunto sobrecosto del 70,76 %, equivalente a 519 millones de pesos solo en ese ítem, dentro de un paquete que incluía 560 productos.
Además, según compartió El Heraldo, «existirían anticipos que superarían los 7.000 millones de pesos, lo que aumenta las dudas sobre la transparencia de la contratación». A ello se suma que la firma Ernst & Young dejó de ejercer la revisoría fiscal en el mismo periodo en que Nieto Egea, primo del actual ministro Palma, fue nombrado como contador y responsable de los estados financieros de Air-e.
La Corte Suprema de Justicia deberá ahora determinar si existen méritos para abrir un proceso formal contra el ministro por posibles actos de corrupción relacionados con este contrato.
