La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el saliente gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo Omar, por su presunta responsabilidad en irregularidades durante la ejecución del proyecto para fortalecer las capacidades instaladas de Ciencia y Tecnología para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo, (Laboratorio Covid).
En esta acción disciplinaria también están vinculados, Jenny Camacho Neuto, exrepresentante legal de la Gobernación, Julio Salas Burgos y Diana Esther Celedón Sánchez, exsecretarios de Salud y supervisores del Convenio de Cooperación Especial 001 de 2020.
Entre los hallazgos del Ministerio Público, están que durante la etapa de planeación se compraron equipos sin contar con la infraestructura física para instalarlos. También que, un año después de haber comenzado la ejecución, se solicitó una adición de recursos por valor de $1.685 millones para realizar adecuaciones físicas que debían haberse incluido en el presupuesto inicial, además de una prórroga en el plazo de ejecución.
A pesar de estas adiciones en tiempo y dinero y de que ya la pandemia Covid 19 ha sido superada, el proyecto no se ha entregado a satisfacción, pues aún faltan las obras para las áreas de procesamiento de pruebas Cóvid -19.
Entre las pruebas solicitadas por el Ministerio Público a la administración departamental están el listado de costos materiales, equipos y actividades contempladas en el proyecto, una certificación sobre si el mencionado convenio se cumplió a satisfacción y si está liquidado a la fecha.
Desde su misionalidad disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación trabaja para verificar el buen uso de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías y garantizar el derecho de los colombianos a disfrutar de sus beneficios.
