El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, emitió una fuerte advertencia sobre los riesgos fiscales derivados del proyecto concesionado “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”. Según Rodríguez, la terminación anticipada del contrato podría implicar un pago de hasta $434.000 millones, sin que hasta el momento se haya logrado la restauración de los ecosistemas ni la ejecución de las actividades contempladas.
El funcionario alertó que, en caso de que el contrato se termine antes de lo previsto y sin causas imputables al concesionario, este podría recibir una compensación millonaria, lo que aumentaría el costo fiscal para la Nación. «De producirse una terminación anticipada, la cifra que se podría pagar al concesionario alcanzaría los $434.000 millones», señaló la Contraloría.
Desde noviembre de 2024, la entidad ha advertido formalmente sobre los riesgos fiscales tanto a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A estas preocupaciones se suma el riesgo de inundaciones en las casi 200.000 hectáreas de los 19 municipios ubicados en la zona de influencia del Canal del Dique, donde residen alrededor de un millón y medio de personas.
“La terminación del contrato podría exponer a las áreas afectadas a inundaciones severas, especialmente debido al cambio climático, lo que pondría en riesgo a las comunidades locales y a sus tierras”, advirtió Rodríguez Becerra. Además, se calcularon pérdidas de hasta $11.000 millones en lo ya ejecutado, lo que afectaría también los casi $213.000 millones destinados a la gestión social, institucional y ambiental de los municipios.
Ante esta situación, la Contraloría propuso cuatro medidas para mitigar los riesgos y avanzar en el proyecto:
-
Modificación contractual: Formalizar la elaboración y reconocimiento del Estudio de Impacto Ambiental ordenado por la ANLA en la Resolución 0322 de 2024, mediante un acuerdo contractual.
-
Revisión de licenciamiento ambiental: Evaluar la posibilidad de excluir de la obligación de licenciamiento ambiental a las Unidades Funcionales 13 y 14, permitiendo su gestión mediante autorizaciones previas de las CAR y otros mecanismos preventivos.
-
Optimización del Estudio de Impacto Ambiental: Agilizar el proceso de presentación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental exigido por la ANLA, evitando retrasos y costos adicionales en las consultas previas.
-
Cumplimiento de requisitos contractuales: Asegurar que el concesionario cumpla con los requisitos pendientes para la transición a la fase de construcción, incluidos estudios de riesgo y viabilidad social y predial.
La Contraloría reitera la urgencia de tomar acciones para evitar mayores perjuicios fiscales y sociales y garantizar la continuación exitosa del proyecto.
